En la Cámara de Diputados de Argentina se reabrió un debate que enfrenta dos prioridades: la búsqueda de inversiones y la protección de las reservas hídricas. El proyecto impulsado por el presidente Javier Milei propone una modificación de la Ley 26.639, aprobada el 30 de septiembre de 2010, que hasta ahora establecía estándares mínimos para la conservación de glaciares y el entorno periglacial. La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero de 2026 y ahora espera discusiones en Diputados, donde presenta respaldo provincial pero también oposición de organizaciones ambientales y científicos.
La propuesta busca limitar la noción de territorio protegido a aquellos cuerpos de hielo y formaciones que acrediten una función hidrológica clara, de modo que otras zonas anteriormente resguardadas podrían quedar expuestas a actividades extractivas. Además, el proyecto contempla que las provincias tengan la última palabra sobre qué áreas conservar y cuáles habilitar para explotación. Ese cambio de potestades, sumado a incentivos como el régimen RIGI ligado a la reforma de la Ley de Bases de 2026, motiva el interés de gobernadores por atraer proyectos mineros de gran escala.
Qué propone la reforma y sus mecanismos
En términos prácticos, la iniciativa elimina la prohibición general de extracción en áreas periglaciales y condiciona permisos a la realización de evaluaciones ambientales. El texto permite que, si un área no demuestra científicamente su contribución al caudal o reserva de agua, pueda habilitarse para exploración y explotación. Además, introduce la posibilidad de revisar el Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), delegando a autoridades provinciales la revisión y eventual reclasificación de lotes que hasta ahora figuraban como protegidos.
Delegación de poder y apertura a la inversión
Los gobernadores de provincias como Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego), Salta (Gustavo Sáenz) y Mendoza (Alfredo Cornejo) han manifestado su apoyo público, interesados en proyectos que prometen divisas y empleo. Desde la perspectiva oficial, la reforma busca dar certeza jurídica y claridad para atraer capitales. Sin embargo, expertos alertan que trasladar decisiones ambientales al nivel provincial puede fragmentar criterios técnicos y convertir la protección en una variable sujeta a presiones económicas y políticas, debilitando la uniformidad que ofrecía la norma nacional.
El valor del entorno periglacial y riesgos para el agua
El entorno periglacial comprende suelos y formaciones que permanecen congelados buena parte del año, actuando como reservas que liberan agua de forma gradual. Estas áreas funcionan como una especie de esponja natural que regula el caudal hacia ríos y cuencas, asegurando suministros en temporadas secas. La Ley 26.639 reconoció a los glaciares y a los periglaciares como bienes públicos y reservas hídricas, protección que ahora quedaría condicionada por la nueva definición basada en la función hidrológica, con el riesgo de que cuerpos de hielo con importancia para cuencas locales sean desprotegidos.
Inventario nacional y sus limitaciones
El Inventario Nacional de Glaciares coordinado por IANIGLA fue diseñado para identificar y registrar glaciares y geoformas periglaciales, incluidas las denominadas glaciares de escombros, que a simple vista parecen laderas rocosas pero alojan cantidades significativas de hielo. Críticos de la reforma recuerdan que si bien el inventario ha sufrido falta de financiamiento y actualización, su función técnica era la base científica para la protección. La posibilidad de revisión provincial abre la puerta a reclasificaciones motivadas por intereses extractivos, advierten científicos.
Reacciones, litigios y escenarios futuros
Organizaciones ambientales como Greenpeace, agrupaciones científicas y legisladores de la oposición han expresado su rechazo, señalando que la reforma podría poner en riesgo el abastecimiento de agua potable y el equilibrio de cuencas. La oposición parlamentaria y ONGs han anunciado recursos judiciales y solicitudes de medidas cautelares para evitar cambios que, según sostienen, contravendrían garantías constitucionales sobre el derecho al ambiente sano. Desde el gobierno y sectores mineros se insiste en que la modificación permitirá inversiones necesarias para la recuperación económica, pero la tensión entre desarrollo y preservación promete continuar en tribunales y en la arena política.
En última instancia, la discusión no sólo define la gestión de territorios de montaña, sino la capacidad de la sociedad argentina para equilibrar necesidades económicas con la protección de recursos hídricos estratégicos. Las decisiones que tomen el Congreso y las provincias marcarán si la protección de los glaciares sigue estando basada en criterios científicos nacionales o queda sujeta a variaciones locales que prioricen la explotación.
