La iniciativa impulsada por la presidencia para reformar el marco político-electoral llega a su tramo final con cambios que, en la práctica, son muy limitados frente a las ambiciones iniciales. Tras ocho meses de trabajo, foros y dos iniciativas enviadas al Congreso —incluida una primera propuesta enviada el 4 de marzo— las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral aprobaron la minuta que ahora pasa a la siguiente etapa legislativa. El dictamen aprobado incorpora ajustes puntuales en la estructura de los ayuntamientos, el tope presupuestal de los congresos locales y las condiciones salariales de funcionarios electorales.
El proceso estuvo marcado por tensiones dentro de la coalición oficialista y por la negativa de algunos aliados a respaldar la versión original. Lo que comenzó como una iniciativa que proponía reducir financiamiento a partidos, eliminar 32 senadurías plurinominales y regular el uso de inteligencia artificial en campañas, terminó en una propuesta que modifica apenas unos artículos de la Constitución. En este recorrido se alternaron nombres de interlocutores públicos como Pablo Gómez y Rosa Icela Rodríguez, y estrategias conocidas como el plan A y el plan B, hasta arribar a la minuta votada en comisiones.
Contenido concreto de la minuta aprobada
El dictamen que salió adelante en comisiones reformula aspectos puntuales de la Carta Magna: entre otros, limita la integración de los ayuntamientos a una sindicatura y hasta quince regidurías; impone un tope para el presupuesto anual de las legislaturas locales fijado en 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad; establece límites salariales para autoridades electorales inferiores al tope señalado en el artículo 127; y determina una reducción progresiva del gasto del Senado en un 15% a lo largo de cuatro ejercicios fiscales. Estas modificaciones se plasman, según la minuta, en los artículos 115, 116 y en una adición al artículo 134.
Limitación de regidurías y techo presupuestal
La reducción a un máximo de quince regidurías por ayuntamiento busca, en teoría, contener el gasto municipal en nómina y representación. De forma complementaria, el tope de 0.7% para los congresos locales pretende evitar presupuestos legislativos elevados. Sin embargo, críticos advierten que el impacto real será limitado: son pocos los municipios que superan ese número de regidurías y menos de la mitad de las entidades exceden el umbral presupuestal, por lo que los ahorros proyectados podrían no alcanzar las cifras esperadas por el gobierno.
Restricciones a remuneraciones y al gasto del Senado
Las normas sobre remuneraciones prohíben que consejeras y consejeros electorales, magistradas y magistrados electorales, y homólogos en órganos locales perciban salarios superiores al tope constitucional ni contraten seguros y prestaciones no contempladas por la ley. Además, el Senado deberá ajustar su presupuesto de forma progresiva en los cuatro ejercicios fiscales siguientes a la entrada en vigor de la reforma. La minuta especifica que las economías generadas por estas medidas quedarán en la hacienda pública municipal y se orientarán a obras de infraestructura.
Negociaciones, reticencias y el factor partido
La ruta hacia la minuta mostró quiebres en la coalición gobernante. La primera iniciativa fue enviada el 4 de marzo y, pese a la aprobación en lo general del pleno el 11 de marzo, careció de la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución, con votos en contra de legisladores del Partido Verde y del PT. Ante ese escenario se presentó un plan B que originalmente incluía la posibilidad de adelantar la revocación de mandato, pero esa opción fue eliminada para conseguir apoyos en el Senado y facilitar la tramitación.
Posiciones encontradas en el debate
Los reclamos de la oposición —partidos como PAN y PRI— han sido duros: califican la reforma como insuficiente, una oportunidad perdida para cambios estructurales y una medida más administrativa que electoral. Mientras tanto, voces del oficialismo y partidos aliados sostienen que la minuta elimina privilegios y genera ahorros que, dicen, superarán los cuatro mil millones de pesos, destinados a infraestructura municipal y programas sociales. Movimiento Ciudadano dio una votación sorpresiva a favor en comisiones, lo que matiza la confrontación política.
Trámites pendientes y calendario legal
La minuta aprobada en comisiones se turnó a la Mesa Directiva para su programación en el pleno de la Cámara de Diputados. En los artículos transitorios se fija un plazo para armonizar el marco jurídico: el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán adaptar sus normas al contenido del decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026. Asimismo, la reducción del presupuesto del Senado se aplicará a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor y de manera progresiva en cuatro años.
En síntesis, la reforma político-electoral impulsada por la presidencia atraviesa su capítulo final con cambios concretos pero acotados. Quedan por ver las discusiones en el pleno y el alcance real de los ahorros anunciados, así como la reacción ciudadana y local cuando las entidades comiencen a armonizar su legislación conforme a la minuta aprobada.
