La justicia federal volvió a mantener a Facundo Jones Huala en prisión preventiva, decisión que provocó una reacción inmediata del propio detenido: anunció que dejará de consumir agua como forma de protesta. El fallo del juez Gustavo Zapata también rechazó el traslado solicitado hacia la Unidad 14 de Esquel, opción que la defensa venía reclamando por razones humanitarias y de cercanía familiar.
El preso, alojado en la cárcel de Rawson desde hace casi un año, ya había iniciado una huelga de hambre en octubre del año pasado y, más recientemente, optó por una modalidad líquida hace un mes. Tras la nueva resolución judicial, su protesta escaló y ahora denuncia un cuadro de vulneración de derechos y condiciones carcelarias indignas.
Argumentos judiciales y ampliación de la imputación
La fiscalía local, a cargo del fiscal Oscar Fernando Arrigo desde la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, formalizó una ampliación de la imputación que complica aún más la situación de Jones Huala. Según la acusación, el imputado habría integrado desde noviembre de 2011 la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización que el Ministerio Público describe con una estructura de tipo militar.
En la nueva calificación se imputa a la RAM la comisión de delitos destinados a «imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local», conducta que la fiscalía considera encuadrable en el artículo 213 bis del Código Penal, con una pena prevista de tres a ocho años. Además, se le atribuye a Jones Huala la supuesta autoría intelectual de supuestos hechos de sabotaje incendiario y de actos de apología del delito.
Conexiones y alcance territorial
Según la acusación, la organización habría operado en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, y tendría vínculos con la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) en Chile. La fiscalía sostiene que estas conexiones y la presunta estructura militar configuran agravantes según el artículo 210 bis del Código Penal.
Protestas carcelarias y reclamos de derechos
Desde la defensa, el abogado Gustavo Franquet denunció que las resoluciones judiciales responden a motivaciones políticas y señaló que las decisiones son el resultado de directivas que provendrían del Ministerio de Seguridad. Franquet informó que se rechazó también el pedido de morigeración de la prisión mediante arresto domiciliario o control electrónico.
En cartas dirigidas a autoridades penitenciarias y al juzgado, Jones Huala describió las condiciones de detención en Rawson, denunciando restricciones de salida al patio, procedimientos de requisa que habrían dañado pertenencias y falta de higiene en los espacios comunes. Entre sus demandas figura la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y medidas alternativas al encarcelamiento.
Reivindicaciones políticas y territoriales
El líder mapuche y sus representantes insisten en que el conflicto debe resolverse por la vía política: reclaman la devolución de tierras ancestrales a las lof en conflicto, el reconocimiento constitucional de la preexistencia indígena conforme al artículo 75, incisos 17 y 22, y la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para una salida negociada.
Procedimiento procesal y recursos
El historial procesal registra varias prórrogas de la prisión preventiva. En junio de 2026 Jones Huala fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson tras su detención en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina. En su momento, la audiencia de junio había dispuesto su detención por 90 días; luego, a mediados de septiembre, la Justicia había rechazado la excarcelación y prorrogado la medida hasta diciembre. En marzo de este año, la prisión preventiva volvió a extenderse.
Ante la última resolución del juez Zapata, los abogados defensores anunciaron que presentarán apelación ante la Cámara de General Roca. Los defensores han calificado la actuación judicial como la aplicación de lo que denominan el «derecho penal del enemigo«, y anticiparon que continuarán la vía recursal para buscar morigeración de la medida cautelar.
Implicancias y perspectivas
La continuidad de la prisión preventiva y la escalada de la protesta de Jones Huala colocan al caso en un cruce entre lo penal y lo político: por un lado, la fiscalía apuesta a consolidar una calificación que incluye asociación ilícita, apología del delito y atentados contra el orden público; por otro, la defensa y organizaciones mapuche plantean reivindicaciones históricas y denuncias de persecución política.
En este contexto, la apelación ante la Cámara de General Roca será la próxima instancia procesal relevante, mientras que la salud y la situación carcelaria del detenido siguen siendo un foco de atención para organismos de derechos humanos, grupos de apoyo y la opinión pública.
