En la víspera de la jornada electoral del 31 de mayo, el departamento de Nariño vivió momentos de tensión ante denuncias relacionadas con la presión de grupos armados sobre comunidades rurales. Autoridades locales y representantes de organismos de control reforzaron medidas de seguridad en áreas de difícil acceso y activaron protocolos de seguimiento electoral.
Los hechos reportados, ocurridos el 30.05.2026 y conocidos por distintos líderes sociales, apuntan a la actuación de disidencias de las FARC en los municipios de Policarpa y Taminango. Las alertas incluyen mensajes intimidatorios por telefonía móvil y la presunta entrega de documentos que condicionarían la movilidad y la participación en las urnas.
Denuncias en Policarpa: exigencia de un «certificado electoral»
En la zona rural de Policarpa, se denunció que miembros del frente Franco Benavides habrían enviado comunicados a campesinos exigiendo un documento para permitir el ingreso a los centros poblados. Líderes locales reportaron la existencia de un audio atribuido a alias «Indio Jiménez», quien, según la denuncia, instruiría que sin dicho documento las personas no podrían movilizarse libremente dentro del territorio.
Las autoridades revisan la procedencia de los audios y comparan su contenido con patrones de coacción registrados en otras jornadas electorales. La hipótesis que se analiza es que la exigencia del supuesto certificado electoral busca controlar la asistencia a las urnas y condicionar la votación de comunidades aisladas.
Contexto geográfico y económico
La presencia del frente en esa subregión de la Cordillera Occidental no es reciente: en el área hay incidencia sobre rutas de narcotráfico y actividades de minería ilegal. Ese control territorial complica las operaciones de seguridad y eleva el riesgo de que la población sea sujeta a constreñimiento en escenarios electorales.
Denuncias en Taminango: carnetización y presión para votar
En paralelo, en el municipio de Taminango se registró otra denuncia relacionada con prácticas de intimidación. Según reportes presentados en un comité departamental de seguimiento electoral, habría irregularidades en el corregimiento de Charguayaco, donde se acusó a un grupo armado de carnetizar a habitantes y condicionar su voto hacia un candidato específico.
La magistrada del Tribunal de Garantías Electorales de Nariño, Carol Huertas Estrada, confirmó la denuncia ante instancias como la Gobernación, la Procuraduría, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo. Las autoridades señalaron que este tipo de actuaciones constituyen un delito electoral y que tomarán medidas para prevenir el constreñimiento al electorado.
Medidas de protección y control
Frente a estas denuncias, la Fuerza Pública anunció custodia especial del material electoral y mayor presencia en las zonas afectadas. Se informó además la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Pasto con el propósito de coordinar la respuesta institucional y emitir pronunciamientos oficiales sobre las amenazas detectadas.
Entre las acciones consideradas por las autoridades figura la verificación de la autenticidad de los audios, el refuerzo de patrullajes en corredores clave y, en casos necesarios, la reubicación de mesas de votación para garantizar el derecho al sufragio sin coacciones.
Reacciones y consecuencias para la comunidad
Los líderes sociales que reportaron los hechos pidieron mantener el anonimato por razones de seguridad, al tiempo que expresaron preocupación por la presión sobre poblaciones rurales. Para muchas comunidades, la intimidación telefónica y la presencia de actores armados generan un ambiente de miedo que puede traducirse en abstención o en la alteración del resultado del proceso electoral.
Organismos de control y entidades del Estado han enfatizado que el acceso libre y seguro al voto es un pilar democrático. Por ello, insisten en la denuncia inmediata de cualquier intimidación y en la colaboración ciudadana para documentar patrones de coacción que puedan ser investigados y judicializados.
Lo que sigue
Con las urnas habilitadas el 31 de mayo, la expectativa es que la presencia combinada de autoridades electorales y seguridad contribuya a mitigar riesgos. Las investigaciones en curso intentan determinar la veracidad de las denuncias y establecer responsabilidades en caso de confirmarse la intervención de las disidencias.
La recomendación oficial a la ciudadanía fue acudir a votar y reportar cualquier incidente a los canales habilitados, recordando que el combate al constreñimiento electoral es una prioridad para preservar la integridad del proceso.
