En su conferencia matutina, conocida como mañanera, la presidenta dejó claro que el Gobierno federal no ignorará una acusación extranjera, pero exigirá prueba sólida antes de permitir cualquier acción contra un servidor público. El foco fue la imputación estadounidense que señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y la facción conocida como Los Chapitos. La insistencia de la mandataria se concentró en la calidad de la evidencia publicada por el Departamento de Justicia de estados unidos.
Durante la sesión, la presidenta presentó el documento difundido por autoridades estadounidenses y puso el acento en un elemento que calificó de insuficiente: una lista manuscrita con nombres y cantidades en pesos, entre ellas la anotación «Juanito, 30,000 pesos». Al referirse a ese anexo sostuvo que, en el esquema jurídico mexicano, una hoja con cifras y nombres no equivale a prueba concluyente para ordenar una detención o una extradición. Reafirmó que la administración no protege a quienes cometan delitos, pero que tampoco aceptará medidas basadas en documentación que, a su juicio, no alcanza el estándar requerido.
La acusación y el contenido del expediente
El expediente desvelado por el Departamento de Justicia incluye cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas dirigidos a Rocha y varias personas vinculadas al poder local en Sinaloa, entre ellas un senador y el alcalde de Culiacán. Según la Fiscalía estadounidense, los acusados habrían colaborado con Los Chapitos para facilitar actividades delictivas y, en su versión, hubo apoyo a campañas electorales mediante intimidación y alteración de boletas. La presidenta subrayó que conocer el contenido de una imputación no sustituye la obligación de examinar la prueba bajo la legislación mexicana antes de cualquier resolución que afecte la libertad o la inmunidad de un gobernante.
¿Qué contiene la supuesta evidencia?
Entre los documentos mostrados por la mandataria, además del libelo acusatorio, figura la llamada lista manuscrita que enumera supuestos pagos a funcionarios locales. Sheinbaum la señaló como ejemplo de la documentación incluida en el caso, pero advirtió que su sola existencia no cumple con el umbral que exige el sistema legal mexicano para proceder a una detención o a tramitar una extradición. Asimismo, cuestionó la ausencia de identificación pública de los testigos citados en el expediente y pidió que la Fiscalía General solicite formalmente las pruebas a las autoridades estadounidenses para poder evaluarlas conforme al debido proceso.
Soberanía, marco legal y extradición
La presidenta enfatizó dos principios que, a su juicio, están en juego: la defensa de la soberanía nacional y el respeto al Estado de derecho. Citó el mandato constitucional que establece que la soberanía reside en el pueblo y afirmó que no permitirá que «ningún gobierno extranjero decida el futuro del pueblo de México». Sin embargo, aclaró que la protección de la soberanía no puede convertirse en un escudo para quienes cometan delitos; lo que demanda es que cualquier actuación se ajuste a los procedimientos previstos por la ley mexicana y a los tratados internacionales, siempre bajo la verificación de pruebas concretas.
Desafuero y garantías procesales
Sheinbaum recordó que, si existiera evidencia suficiente, el proceso legal interno requeriría pasos como el desafuero para deslindar la inmunidad de un gobernador y permitir actuaciones penales. Subrayó que la Fiscalía General debe actuar conforme a la legislación y a la jurisdicción mexicana, pidiendo que se presenten las pruebas que justifiquen cualquier solicitud de extradición o detención provisional. La presidenta insistió en que actuaría de la misma manera si las acusaciones provinieran de Estados Unidos contra un gobernador de cualquier otro partido político, en referencia a la imparcialidad ante la ley.
Implicaciones políticas y pasos próximos
La acusación coloca al gobernador Rocha en el centro de una tensión política importante, dado que él y la mandataria comparten afinidad partidista dentro del proyecto conocido como la Cuarta Transformación. Rocha ha rechazado de manera categórica las imputaciones y proclamó que se trata de un ataque no solo contra su persona sino contra ese movimiento político. En respuesta, Sheinbaum dijo haber conversado con él y transmitirle: «Si no hay nada, no hay nada que temer», enfatizando a la vez que las decisiones deben basarse en pruebas y en el respeto al debido proceso.
Escenarios posibles
En las próximas semanas, la expectativa se centra en si la Fiscalía General pedirá formalmente a Estados Unidos la documentación completa y en qué medida esa información podrá sostener una petición de extradición. También pesa en la relación bilateral el antecedente de una operación en Chihuahua atribuida, según medios y autoridades mexicanas, a la participación de la CIA sin coordinación plena con el Gobierno de México, un episodio que ha tensado ya la cooperación. Lo que ocurra definirá no solo el rumbo jurídico de los implicados sino también la interacción diplomática entre ambos países.
