La Policía Federal desarrolló la quinta fase de la Operación Compliance Zero el 7 de mayo de 2026 con el objetivo de profundizar indagaciones sobre un presunto esquema que combina corrupción, lavado de dinero y delitos contra el sistema financiero. En esta etapa, los investigadores apuntaron a beneficios personales atribuidos al empresario vinculado al Banco Master y a su relación con el senador Ciro Nogueira. Según las actuaciones, esos beneficios abarcarían desde transferencias periódicas hasta la disponibilidad sin costo de una propiedad de alto estándar y el pago de gastos asociados a viajes internacionales.
Fuentes de la causa citan conversaciones y documentos que, a juicio de la PF, exceden la lógica de una mera amistad y describen un intercambio con interés mutuo entre el exbanquero Daniel Vorcaro y el senador Ciro Nogueira. En la decisión que autorizó las diligencias, el ministro André Mendonça, del STF, consideró que hay indicios de un arreglo funcional que requiere mayor profundización probatoria para evitar la ocultación de pruebas. El tribunal autorizó además medidas cautelares sobre bienes relacionados con los investigados.
Elementos que motivaron la nueva fase
Los autos señalan varios hechos concretos que llamaron la atención de los investigadores: la compra de una participación societaria por un valor declarado notablemente menor al estimado —alrededor de R$ 13 millones según peritajes—; repasses mensuales por hasta R$ 500 mil; la cesión gratuita, por tiempo indeterminado, de un inmueble considerado de alto estándar; y la asunción de gastos personales vinculados a viajes y hospedajes. Entre los pagos documentados aparecen estancias en el hotel Park Hyatt New York y la disposición de una tarjeta destinada a cubrir consumos.
Qué dicen las autoridades
En su providencia, el ministro André Mendonça evaluó que, en juicio de cognição sumária propio de esta fase, la suma de indicios refuerza la necesidad de medidas urgentes. La PF explicó que las diligencias buscan avanzar en la recolección de pruebas para comprobar la existencia de una organización delictiva y prácticas de ocultamiento. Como parte de las medidas, se decretó el bloqueo de bienes y cuentas por un monto aproximado de R$ 18,85 millones y se ordenó la ejecución de mandados en varios estados y en el Distrito Federal.
Mensajes y pruebas aportadas
Entre las comunicaciones incautadas figura un intercambio que sugiere la atención a gastos cotidianos del senador: en una conversación un intermediario consulta si debía mantenerse el pago de cuentas de restaurantes vinculadas a Ciro y su entorno, a lo que, según la PF, Vorcaro responde afirmativamente y añade instrucciones sobre el uso de su tarjeta en St. Barths. Los investigadores también señalan registros de vuelos en helicóptero, hospedajes y la utilización de una compañía de táxi aéreo con vínculos societarios del exbanquero.
Contexto legislativo y política
Las actuaciones recogen además comunicaciones en las que Vorcaro comenta que una propuesta legislativa ligada a Ciro Nogueira—referida a la autonomía financiera del Banco Central o a cambios en la cobertura del Fondo Garantidor de Crédito (FGC)—habría favorecido a bancos de menor tamaño. Ese tipo de mensajes alimenta la hipótesis de que existió un beneficio mutuo entre decisiones políticas y objetivos financieros, cuestión que las autoridades intentan comprobar documentalmente.
Medidas concretas y situación procesal
En el marco de la quinta fase se ejecutaron diez mandados de búsqueda y apreensión y se registró la detención de Felipe Vorcaro, familiar vinculado al exbanquero, según consta en las órdenes. La PF comunicó que la acción tiene por finalidad profundizar las investigaciones sobre los delitos imputados y preservar elementos probatorios. El despacho judicial también autorizó el bloqueo de bienes por R$ 18,85 millones con el fin de asegurar eventuales devoluciones o futuras sanciones.
La defensa de Ciro Nogueira, representada por el abogado Antônio Carlos de Almeida Castro (conocido como Kakay), declaró que se encuentra analizando las medidas y que su equipo acompaña las diligencias. Por su parte, Daniel Vorcaro permanece en prisión preventiva desde el 4 de marzo, contexto que ya había marcado fases previas de la Operación Compliance Zero. El caso sigue abierto y las próximas etapas estarán centradas en el cruce documental y financiero que permita confirmar o descartar las hipótesis de la investigación.
