El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una regla final provisional que altera el manejo de las solicitudes de asilo en Estados Unidos, introduciendo una obligación de pago recurrente y sanciones automáticas por falta de cumplimiento. La medida se apoya en la Ley de Reconciliación H.R.1 aprobada en 2026 y, según el texto oficial, entra en vigor el 29 de mayo de 2026. La norma obliga a todas las personas con procesos de asilo pendientes a abonar una Tarifa Anual de Asilo (AAF) por cada año calendario que su expediente permanezca en trámite, con plazos y condiciones estrictos que automatizan consecuencias administrativas.
Entre las características esenciales de la disposición figura el requisito de pago exclusivamente por vía electrónica a través del sistema de USCIS, sin alternativas aceptadas. El monto inicial señalado para la AAF fue de US$100 el año anterior, pero la regla contempla ajustes y actualiza el importe a US$102 para el año fiscal 2026. Además, la normativa establece que las tarifas no serán eximibles ni reducibles salvo por una orden judicial específica relacionada con familias separadas en la frontera.
Qué exige la nueva norma
La Tarifa Anual de Asilo debe pagarse por cada año en que el caso permanezca abierto; si el solicitante no abona dentro de los 30 días posteriores a la notificación, USCIS rechazará la solicitud de asilo pendiente. La agencia ha previsto un procedimiento automático: una vez expirado ese plazo de 30 días, la negativa se emitirá sin evaluaciones adicionales y, si la persona carece de estatus legal en el país, se dará inicio a los procedimientos de remoción. El requisito de pago y el mecanismo de rechazo buscan, según el DHS, trasladar parte de los costos operativos a los solicitantes y agilizar la administración de casos.
Modalidad de cobro y límites
El pago de la tarifa será posible únicamente por medios electrónicos habilitados por USCIS, y la normativa aclara que no habrá devoluciones del importe de presentación del formulario de asilo en caso de rechazo por errores o información incompleta. Es decir, el canon abonado al presentar el I-589 no será reembolsado aunque la solicitud sea denegada. La regla también fija una tarifa mínima de US$24 para el formulario I-102, que tramita documentos de entrada y salida de no inmigrantes, y confirma que los importes podrán ajustarse por inflación.
Consecuencias sobre permisos y el llamado reloj de asilo
El impacto sobre la autorización de trabajo es directo: las solicitudes de permiso de empleo asociadas a un expediente de asilo en trámite podrán ser denegadas si no se cumple con la AAF, y las autorizaciones ya otorgadas perderán vigencia de forma inmediata cuando el caso sea cancelado por falta de pago. La regla también establece la interrupción del cómputo conocido como reloj de asilo, que contabiliza el tiempo necesario para solicitar por primera vez un permiso laboral basado en asilo. Con el paro de ese contador, los solicitantes deben reiniciar o prolongar el período para acceder a la autorización de empleo.
Impacto en otros programas
Además de los cambios en el proceso de asilo, la normativa afecta al Estatus de Protección Temporal (TPS): los permisos de trabajo asociados a TPS quedarán limitados a un máximo de un año o al tiempo restante de la designación del país, lo que resulte menor. Esta restricción puede generar renovaciones más frecuentes y mayor incertidumbre para beneficiarios. También se introducen modificaciones administrativas en varios formularios y procedimientos relacionados, con la intención expuesta por el DHS de reforzar controles y financiar operaciones.
Plazos y participación pública
La regla entra en vigor el 29 de mayo de 2026 y el gobierno abrió un periodo para recibir comentarios públicos hasta el 29 de junio de 2026. Durante ese lapso, organizaciones y grupos que trabajan con migrantes están evaluando el alcance de las medidas y sus posibles efectos sobre el acceso al sistema de asilo. El DHS ha señalado que, tras el vencimiento del plazo de pago en una notificación, aplicará las sanciones previstas sin necesidad de nuevas revisiones, lo que subraya la naturaleza automática del mecanismo previsto por la norma.
En síntesis, la disposición modifica procedimientos administrativos clave: impone una Tarifa Anual de Asilo de US$102 para 2026, obliga al pago electrónico, convierte la falta de pago en causal de rechazo y posible inicio de remoción, restringe permisos laborales y hace no reembolsables ciertas tasas de presentación. Para quienes tramitan asilo o gestionan casos, estas novedades implican cambios operativos y jurídicos que conviene seguir de cerca en las próximas semanas.
