El gobierno de Javier milei presentó al Congreso dos propuestas que buscan, según la administración, mejorar la transparencia institucional y modificar el régimen de promoción de inversiones. Por un lado, el proyecto conocido como ley de lobby establece obligaciones de registro y obligaciones de conducta para quienes gestionan intereses privados frente al Estado. Por el otro, el denominado Súper RIGI reorienta incentivos hacia grandes iniciativas en sectores de frontera como inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología avanzada.
Ambos textos fueron remitidos a la cámara baja y firmados por autoridades del Ejecutivo. La ofensiva legislativa forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas e institucionales promovido por la administración. A continuación se desgranan las piezas centrales de cada iniciativa y sus implicancias para la gestión pública y la inversión privada.
Qué propone la ley de lobby
El proyecto busca crear un Registro Público de Gestión de Intereses donde deberán inscribirse las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de influencia ante funcionarios. El objetivo, según el texto, es garantizar publicidad y transparencia en las decisiones del Poder Ejecutivo y del Legislativo. La iniciativa obliga a detallar la naturaleza de los intereses, los clientes representados y los temas objeto de los contactos.
Obligaciones y límites
Entre las obligaciones figuran la presentación de informes trimestrales que incluyan fechas, formato de las reuniones, dependencias involucradas y un resumen de los asuntos tratados. Además, los miembros del Gabinete, legisladores y los funcionarios con capacidad decisoria deberán publicar sus agendas y los contactos sostenidos con lobbyistas. Se establece también una prohibición temporal: los exfuncionarios no podrán dedicarse al lobby durante dos años tras dejar sus cargos.
Sanciones y excepciones
El régimen contempla sanciones que van desde multas —equivalentes a cientos de salarios mínimos— hasta la inhabilitación permanente para ejercer actividades de lobby. Para casos de representación encubierta de intereses extranjeros, el proyecto incorpora penas de prisión. En paralelo, se exceptúa la labor periodística y la difusión informativa general, siempre que no busque influir en una decisión pública concreta, definida en el texto como gestión de intereses.
En qué consiste el Súper RIGI
El nuevo régimen de incentivos cambia la lógica del RIGI vigente. Está pensado para proyectos de gran escala y orientado exclusivamente a actividades que la normativa define como nuevas industrias: data centers para IA, semiconductores, baterías de litio, biotecnología avanzada y centros de producción vinculados a tecnologías de frontera. El umbral mínimo de inversión se eleva a US$1.000 millones por proyecto y el esquema incorpora beneficios arancelarios, tributarios y cambiarios.
Beneficios fiscales y condiciones de ejecución
Entre los principales incentivos figuran una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, mecanismos de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. Además, el régimen garantiza arancel cero en insumos vinculados a la producción y 0% de retenciones a las exportaciones. Como condición de ejecución, el texto exige que al menos el 20% del monto comprometido se invierta durante los dos primeros años.
Reglas laborales, cambiarias y de estabilidad
El proyecto prevé una alícuota única del 10% para contribuciones patronales asociadas a nuevos empleos y un esquema de disponibilidad progresiva de divisas para exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% al tercero. Asimismo, ofrece estabilidad regulatoria por 30 años y mecanismos de solución de controversias internacionales, buscando brindar seguridad jurídica a inversores extranjeros y locales.
Debates abiertos y efectos posibles
Las propuestas generan consenso en torno a la necesidad de mayor transparencia y, al mismo tiempo, controversia por algunas decisiones de política industrial. La eliminación de la obligación de contratar cierto porcentaje de proveedores locales en el Súper RIGI suscita preocupación en provincias y cadenas productivas que temen perder participación. En cambio, el Ejecutivo defiende la medida como un modo de acelerar la llegada de tecnologías y capitales.
La ley de lobby, por su parte, promete acotar opacidades y conflictos de interés, pero dependerá de la implementación efectiva del registro público y de la fiscalización para transformar las reglas en prácticas concretas. Ambos proyectos seguirán su trámite en comisiones parlamentarias donde se prevén debates técnicos y políticos antes de un eventual tratamiento en el pleno.
Panorama final
En conjunto, la iniciativa de transparencia y el nuevo régimen de incentivos configuran una apuesta doble: moderar la influencia opaca sobre decisiones públicas y atraer inversiones de alta escala destinadas a sectores emergentes. El impacto real se medirá en la fase de discusión legislativa y en la ejecución efectiva de los proyectos que pretendan acogerse a estos marcos normativos.
