En respuesta a una oleada de manifestaciones y a una campaña ciudadana masiva, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, anunció el envío de una petición formal a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la abrogación del decreto publicado el 10 de abril de 2026 que reclasifica a Loreto como puerto de cabotaje. La decisión federal, que modifica la Ley de Puertos y la Ley de la Administración Pública Federal, abriría la puerta al ingreso de buques internacionales y a operaciones de gran escala, incluyendo megacruzeros.
La iniciativa del Ejecutivo federal provocó la reacción inmediata de organizaciones locales y nacionales. Una coalición compuesta por más de 40 agrupaciones conocida como «Whales or Gas?» encabezó movilizaciones que denunciaron riesgos para la biodiversidad y para el modelo turístico de baja afectación que caracteriza al municipio, declarado Pueblo Mágico y puerta de entrada al Parque Nacional Bahía de Loreto.
Qué implica el cambio legal y los límites técnicos
El decreto enmendó instrumentos legales que regulan el uso portuario para permitir el tránsito de embarcaciones de gran calado y actividades comerciales ampliadas. En la práctica, esa reclasificación autoriza el atraque y paso de buques que pueden transportar carga, combustible y miles de pasajeros en una sola escala. Los críticos señalan que la infraestructura local —puertos, manejo de residuos y suministro de agua— no está diseñada para absorber picos de turistas de esa magnitud, y que la medida se adoptó sin estudios técnicos ambientales públicos que demuestren mitigación de impactos.
Reacción social y respuesta gubernamental
Tras semanas de protestas, el gobierno estatal y municipal se reunieron con representantes de la comunidad. El gobernador Víctor Manuel Castro y la alcaldesa Paz del Alma Ochoa Amador acordaron suscribir una petición que ya reúne más de 440,000 firmas para pedir la revocación del decreto a la Presidencia. Aunque la Secretaría de Marina propuso modificaciones como alternativa, la comunidad defendió de manera firme la solicitud de abrogación completa como única vía aceptable.
La acción política y la presión pública
El documento ciudadano —firmado en asambleas locales— insiste en preservar el estatus de área natural protegida y en respetar el plan de manejo vigente. Activistas y prestadores turísticos recordaron un precedente reciente: la negativa de la Semarnat a autorizar el proyecto Perfect Day en Mahahual, que demostró que la movilización pública puede incidir en decisiones ambientales de alto impacto.
Riesgos ambientales identificados por expertos
La preocupación principal gira en torno a la conservación de especies y la integridad del ecosistema marino. Las organizaciones ambientales subrayan que el aumento del tráfico marítimo puede causar colisiones con cetáceos, incremento del ruido submarino y pérdida de hábitat por descargas y maniobras de gran calado. Señalan además que el decreto contraviene aspectos del Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto publicado en 2019.
Especies y efectos documentados
Entre las especies en riesgo las organizaciones mencionan a la ballena azul, la ballena jorobada, el cachalote, la orca y diversas poblaciones de delfines, tortugas marinas, aves y tiburones. Estudios observacionales y registros científicos muestran que el ruido producido por embarcaciones reduce la actividad de alimentación de algunos cetáceos, provocando desplazamientos de sus áreas de forrajeo y afectando la viabilidad a largo plazo de las poblaciones.
Impacto socioeconómico y modelo turístico
Los habitantes y empresas turísticas de Loreto sostienen que su proyección internacional se basa en un turismo de naturaleza y aventura de bajo impacto, no en llegadas masivas diarias. Alertan sobre la presión que millares de pasajeros por escala podrían ejercer sobre servicios básicos, manejo de residuos y acuíferos, y defienden el turismo comunitario como alternativa sostenible para la economía local.
Próximos pasos y vigilancia ciudadana
Los firmantes de la petición y las organizaciones mantenienen un monitoreo activo hasta que la cancelación del decreto se publique oficialmente. La coalición y autoridades locales han dejado claro que continuarán las gestiones ante la Presidencia y el Senado —incluida la petición presentada el 18 de mayo de 2026 por colectivos y prestadores turísticos— para evitar que la reclasificación proceda sin evaluación técnica y consenso comunitario. Mientras tanto, la comunidad de Loreto se declara en alerta y dispuesta a mantener la movilización hasta obtener una resolución definitiva.
