El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un aumento de la presión judicial y mediática por una serie de operaciones patrimoniales que fueron señaladas como sospechosas. Tras revelaciones periodísticas sobre viajes, compras de inmuebles y préstamos de terceros, la fiscalía solicitó formalmente que se levanten el secreto bancario y el secreto fiscal sobre él y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, para poder acceder a movimientos de cuentas, plazos fijos, tarjetas y vínculos con monederos digitales.
Los pedidos de acceso a datos financieros llegaron acompañados de citaciones a nuevos testigos: la investigación busca reconstruir el circuito de fondos que permitió la adquisición de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y en un country del conurbano, además de analizar facturas y arreglos vinculados a vuelos privados. Mientras tanto, desde la Casa Rosada el presidente Javier Milei manifestó su apoyo y calificó a Adorni como «maravilloso».
Origen y alcance de las operaciones inmobiliarias
El centro del expediente es la compra de un departamento en el barrio de Caballito, en la calle Miró, escriturado por un valor declarado de US$230.000. Según constancias registrales difundidas, aproximadamente el 87% de la operación fue financiado mediante una hipoteca no bancaria suscripta con dos mujeres jubiladas, identificadas como Beatriz Alicia Viegas (72) y Claudia Bibiana Sbabo (64). Ese mismo departamento había sido transferido apenas seis meses antes desde el exfutbolista Hugo Morales, lo que encendió preguntas sobre si se trató de una reventa corriente o de un mecanismo para ocultar el origen real de los fondos.
Actores, documentos y fechas relevantes
En la investigación figura la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en varias operaciones, y cuya relación con Adorni es objeto de análisis. Los registros oficiales indican que Nechevenko ingresó a la Casa Rosada en siete oportunidades entre julio de 2026 y septiembre de 2026. Además, consta que Adorni adquirió el departamento de la calle Miró en noviembre de 2026 y que el esquema de pago pactado implicaba un anticipo en efectivo de US$30.000 y la cancelación del saldo sin intereses hasta noviembre de 2026, según la versión del escribano y documentos judiciales.
Préstamos privados, vuelos y discrepancias en viajes
Paralelamente, aparece en la causa un préstamo privado por US$100.000 recibido en noviembre de 2026 de dos personas distintas, destinado a financiar la compra de un departamento en Avenida Asamblea. Los investigadores también incorporaron al expediente comprobantes y testimonios sobre vuelos privados a Punta del Este que fueron facturados a un periodista y su empresa, con indicios de cancelación de facturas y pagos en efectivo. Una testigo del broker aéreo sostuvo que se le pidió anular comprobantes, lo que llevó al juez Ariel Lijo a dictar medidas de protección para esa persona.
Vuelos “empty leg” y pagos cuestionados
En la instrucción judicial se consignó que la tarifa base de uno de los viajes rondaba los US$4.800, pero que se intentó aprovechar asientos sin ocupante —el llamado empty leg— para reducir el costo a unos US$3.000. Adorni declaró públicamente que había abonado su parte de los viajes, pero la fiscalía no encontró registros bancarios que respalden esa versión, lo que alimentó la investigación sobre si esos traslados constituyeron regalos a un funcionario público o gastos no declarados.
Declaraciones juradas, peritaje y próximos pasos
Otra línea central del expediente indaga posibles omisiones en las declaraciones juradas de Adorni: propiedades señaladas en la prensa no aparecen públicamente en los formularios difundidos, aunque allegados sostienen que podrían figurar en anexos confidenciales o estar pendientes de actualización. La fiscalía, a cargo del doctor Gerardo Pollicita, y el juez Ariel Lijo avanzaron con pedidos de secuestro de documentación en inmobiliarias y citaciones a las mujeres que intervinieron como prestamistas y a testigos presentes en escrituras.
En lo económico, los expedientes mencionan que la casa en el country genera gastos mensuales elevados, con expensas que rondan los 700.000 pesos, mientras que la remuneración neta atribuida al jefe de Gabinete se sitúa en alrededor de 3,5 millones de pesos mensuales, con cifras brutas que superan los 6 millones antes de aportes y retenciones, según notas periodísticas. Los fiscales analizan ahora si los ingresos declarados alcanzan a cubrir los desembolsos, para lo cual es probable que se ordene un peritaje contable detallado y el cruce de movimientos bancarios si prospera la quita de secreto solicitada.
La causa sigue abierta y en trámite: se suman citaciones, pedidos de información y análisis técnico. Mientras tanto, el Gobierno ratifica su respaldo público a Adorni, pero la instrucción judicial continúa acumulando piezas que deberán resolverse en sede penal para determinar la existencia o no de ilícito enriquecimiento o maniobras destinadas a ocultar el origen de fondos.
