El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de nueva york, hizo pública una acusación formal que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve servidores públicos actuales y pasados por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. Según la acusación, los investigados habrían colaborado con la facción de los Sinaloa Cartel encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como los Chapitos, facilitando el tránsito de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.
Las imputaciones describen supuestos pactos que incluyen protección a cargamentos, filtración de información policial y la recepción de sobornos millonarios en efectivo. El documento judicial detalla cargos que, de prosperar en un tribunal estadounidense, podrían acarrear penas de hasta cadena perpetua para cada acusado. Entre los señalados figuran políticos, mandos policiales y exfuncionarios que desempeñaron funciones clave en la seguridad y la fiscalía estatal.
Quiénes son los acusados y los cargos que enfrentan
Además de Rubén Rocha Moya, la lista de personas mencionadas en la indictment incluye a Enrique Inzuna Cazarez, senador por Morena; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador estatal; y varios jefes y exjefes de cuerpos policiales como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, Juan Valenzuela Millán y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos, y conductas que habrían protegido operaciones del crimen organizado.
Vínculos con los Chapitos y el funcionamiento del cartel
Según la Fiscalía, los acusados habrían permitido que la facción dirigida por los Chapitos operara con impunidad en el estado, asistiendo en la logística del envío de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. La acusación narra reuniones entre funcionarios y líderes del grupo, así como pagos regulares a cambio de protección frente a investigaciones o arrestos. Dos de los hermanos, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, están bajo custodia estadounidense, mientras que otros permanecen prófugos.
Conflictos internos y antecedentes relevantes
Las tensiones internas del Cartel, incluida la disputa con la facción de Los Mayos y la supuesta transferencia de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2026, forman parte del contexto que, según la fiscalía, motivó violencia y maniobras para asegurar rutas y aliados políticos. El caso evoca similitudes con el juicio del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, condenado en 2026 y sentenciado en 2026 por colaborar con el mismo cártel, lo que subraya el patrón de funcionarios de alto nivel implicados en operaciones delictivas.
Respuestas oficiales y repercusiones diplomáticas
El gobernador Rocha Moya rechazó de manera categórica las imputaciones mediante redes sociales, calificándolas de sin fundamento y afirmando que su inocencia quedará demostrada. En su mensaje también defendió la causa política de la Cuarta Transformación (4T), interpretando las acusaciones como un ataque contra su movimiento. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades federales han remarcado que la lucha contra la corrupción es competencia de los órganos mexicanos, aunque, según reportes, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, ha insistido en la necesidad de investigar la corrupción que facilita al crimen organizado.
Implicaciones legales y políticas
La Fiscalía estadounidense sostiene que los acusados recibieron millones de dólares a cambio de protección y apoyo logístico, y que algunos habrían participado en hechos de extrema violencia, como los secuestros y muertes vinculadas a la protección de informantes. El fiscal que presentó la acusación describió al Sinaloa Cartel como una organización que ha inundado comunidades con drogas peligrosas durante décadas y subrayó que la asistencia de funcionarios corruptos agrava la crisis. El proceso judicial, además de tener consecuencias penales, promete tensar la relación bilateral y reavivar debates sobre cooperación, soberanía y rendición de cuentas.
