Una fotografía que muestra a una niña acompañada de su bebé se volvió símbolo de la tragedia que vive la provincia de Condorcanquí, en el Amazonas peruano. La imagen fue captada por la delegada Mónica Maureira integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Durante su visita, Maureira constató que la violencia contra menores es una constante que el sistema judicial parece no poder atender.
En la zona habitan aproximadamente 70.000 personas pertenecientes a los pueblos awajún y wampis. Desde 2014, las denuncias de abuso sexual, tocamientos y violencia de género superan los 1.000 casos, aunque algunas estimaciones llegan a 1.400. La falta de investigación judicial ha alimentado una serie de consecuencias que van más allá del delito.
Alarma de violencia sexual en Condorcanquí
El informe presentado por la Defensoría del Pueblo en 2024 reveló al menos 500 incidentes de acoso sexual en colegios mayoritariamente awajún y wampis. La denuncia surgió de una campaña encabezada por Rosemary Pioc presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis. Pioc explicó que “las mujeres de la comunidad han intentado proteger a nuestras niñas, pero el sistema judicial nos dice que no tiene presupuesto para escuchar nuestras voces”. La ausencia de jueces permanentes y la falta de funcionarios capacitados en derechos indígenas impiden que los casos avancen.
Según el Mesecvi, la mayoría de los 170 docentes acusados de abusar a menores no han sido procesados; muchos fueron absueltos o trasladados, evitando así la sanción penal. La legislación peruana contempla entre tres y cuatro años de prisión para estos crímenes, pero la aplicación es mínima en la región.
Impacto sanitario: VIH y salud mental
El abuso sexual ha desencadenado una alarmante ola de contagios de VIH entre niños de tan solo tres o cuatro años. El VIH se ha transmitido en contextos de agresión, generando una crisis de salud pública que afecta a familias enteras. El Ministerio de Salud indica que, entre 2014 y 2026, se han registrado 190 casos de VIH en jóvenes de 14 a 19 años en la zona, con una prevalencia del 1,8 % seis veces mayor que el promedio nacional.
El trauma psicológico se refleja en un aumento de intentos de suicidio entre adolescentes. Maureira relató haber presenciado al menos dos intentos, incluidos casos de autolesiones con shampoo. La combinación de violencia sexual, enfermedad y aislamiento ha generado una crisis de salud mental que requiere atención urgente.
Falta de respuesta judicial y reclamos de la comunidad
Ante la gravedad de los hechos, el Poder Judicial de Perú convocó al Mesecvi a mediados de este año para evaluar la situación. Sin embargo, la entidad reconoce que sus recursos son insuficientes: el presupuesto disponible cubre solo el 19 % de lo necesario para enfrentar la criminalidad en todo el país. La presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello afirmó que invertir en justicia es “una garantía de estabilidad y predictibilidad”.
Las lideresas locales destacan la necesidad de un albergue permanente para víctimas, ya que los refugios temporales son insuficientes y, a menudo, no respetan la lengua y la cultura awajún. Pioc añadió que, sin recursos estatales, la comunidad recurre a castigos tradicionales, como calabozos y latigazos, una práctica que el Mesecvi busca reemplazar con justicia formal.
El Ministerio de la Mujer, encabezado por María Seminario ha manifestado su intención de articular una respuesta integral, aunque aún no se ha concretado un plan de acción. Mientras tanto, la población sigue esperando que el Estado asigna los fondos y el personal necesario para procesar los casos, proteger a las niñas y frenar la epidemia de VIH que se extiende en la Amazonía peruana.
