La justicia federal formalizó la imputación contra una mujer de 36 años que se desempeñaba como tesorera en la sucursal San Pedro del Banco Nación, acusada por la presunta sustracción de $40 millones mediante maniobras que combinan retiros de efectivo y registros contables sin respaldo. La causa quedó a cargo del fiscal Matías Felipe Di Lello y fue presentada ante el juez de garantías Carlos Villafuerte Ruzo; el delito atribuido es el de peculado, que en el Código Penal prevé penas de entre 2 y 10 años y la inhabilitación absoluta. En paralelo, la entidad bancaria se constituyó en querellante en la investigación.
Cómo se detectó el faltante y las primeras medidas
El expediente se inició a partir de un arqueo preventivo que reveló inconsistencias en el tesoro de la sucursal: el control puntual que se realizó el 16 de octubre de 2026 puso en evidencia una diferencia millonaria. Al día siguiente, la gerencia zonal intervino la dependencia y realizó un control integral con personal especializado que confirmó el faltante total de $40 millones. Como resultado, se abrió un sumario administrativo y la fiscalía comenzó a recopilar pruebas, entre las que figuran testimonios de empleados, registros contables y las grabaciones del sistema de videovigilancia.
Los hechos que la investigación documentó
La acusación se apoya en al menos dos episodios registrados por las cámaras internas. El primero, ocurrido el 31 de julio de 2026, muestra a la imputada retirando efectivo del denominado «tesoro reserva», ocultando billetes entre sus prendas y abandonando la sucursal. El segundo episodio, del 8 de agosto de 2026, consiste en la extracción de fajos de billetes de $20.000 del llamado «tesoro libre» y la posterior entrega de ese efectivo a un cajero para cancelar tarjetas personales por alrededor de $16 millones. Según la fiscalía, en ambos casos se realizaron pases contables que no tenían respaldo físico, y que habrían servido para encubrir la diferencia.
Evidencias registradas
Entre los elementos incorporados al expediente se cuentan las imágenes de las cámaras internas que muestran manipulación de dinero en sectores restringidos y la salida de la imputada con efectivo, además de comprobantes de pago que coinciden en fecha, monto y horario con las operaciones investigadas. Testimonios de colegas y autoridades de la sucursal describen irregularidades en traspasos y operaciones contables sin soporte monetario. La fiscalía detalla que algunos movimientos contables, como pases desde el tesoro latón hacia cajeros, no respondían a transferencias reales sino a maniobras para simular conciliaciones.
Medidas cautelares y estado procesal
El juez Carlos Villafuerte Ruzo formalizó la imputación y ordenó el embargo de la vivienda de la acusada y la inhibición general de bienes, además de fijar un plazo de 90 días para la realización de la investigación penal preparatoria. La imputada permanece con licencia médica mientras avanza la causa. La fiscalía no descarta analizar si existieron deficiencias en los mecanismos de control interno del banco, aunque por ahora la acusación recae exclusivamente sobre la tesorera señalada.
Posibles responsabilidades y alcance
La figura de peculado con la que se la acusa hace referencia a la apropiación indebida de fondos de una entidad pública o sometida a reglamentación estatal; en este contexto, la investigación busca establecer la extensión de la maniobra, el destino de los fondos y si hubo complicidad o fallas en los controles. Las sanciones previstas incluyen penas privativas de libertad y la imposibilidad de ejercer cargos públicos en el futuro. Además, la causa podría derivar en nuevas medidas contra otras personas o áreas si se detectan responsabilidades administrativas o penales adicionales.
En síntesis, la investigación reúne imágenes, comprobantes y declaraciones que según la fiscalía permiten reconstruir una secuencia de retiros y anotaciones contables sin respaldo. Mientras tanto, la causa continuará bajo instrucción por 90 días y el Banco Nación mantiene su rol de querellante, atento a recuperar activos y a evaluar mejoras en los controles internos que eviten recurrencias en la operatoria de tesorería.
