En una audiencia virtual realizada el 18 de abril 2026, las mujeres que llevaron el caso de San Salvador Atenco ante instancias internacionales reprocharon la persistencia de la impunidad y la falta de avances efectivos por parte del Estado mexicano. Las sobrevivientes —acompañadas por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional— recordaron que los hechos ocurrieron el 3 y 4 de mayo del 2006 y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia el 28 de noviembre de 2018.
Durante la audiencia las denunciantes expusieron varios incumplimientos que, según ellas, mantienen el caso en estado de impunidad: ausencia de policías procesados, errores en las acusaciones y limitaciones para participar en las investigaciones. Edith Rosales, una de las principales querellantes, subrayó que el Estado no ha presentado un plan claro de investigación ni ha garantizado el derecho de las víctimas a la coadyuvancia, término que define la participación activa y colaborativa de las víctimas en el proceso penal.
Investigación estancada y responsabilidades pendientes
Las víctimas denunciaron que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) no ha logrado llevar ante la justicia a los 19 expolicías federales señalados, entre ellos mandos medios. Según lo expuesto en la sesión de supervisión, las acusaciones presentan errores formales y no se ha investigado con profundidad la cadena de mando ni a los posibles autores intelectuales de la represión, lo que impide una resolución efectiva. Además, las autoridades solo han reconocido formalmente a tres de las once mujeres como víctimas, situación que limita el acceso a medidas de reparación y a procesos de justicia.
Atención a las víctimas y casos de revictimización
Las sobrevivientes criticaron la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por la atención médica y psicológica insuficiente y los retrasos en reembolsos que debían cubrir gastos de salud. Yolanda Muñoz relató demoras incluso en pagos mínimos y señaló la carga económica que han asumido las familias para cubrir tratamientos y medicamentos. Según las denunciantes, solo cuatro de las 11 mujeres mantienen atención estatal continua, mientras las demás han tenido que buscar alternativas privadas o permanecer sin apoyo, algo que ellas califican como revictimización por parte del sistema encargado de su reparación.
Medidas de no repetición y riesgos frente a reformas
Entre las obligaciones de no repetición dictadas por la Corte figura el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, creado en 2015, y la creación de un observatorio independiente de la Guardia Nacional. Las denunciantes y sus abogados señalaron que ninguno de estos mecanismos se ha consolidado: no existen protocolos operativos claros ni supervisión externa efectiva. El asunto cobra mayor urgencia ante cambios institucionales, como la reforma constitucional de 2026 que integró a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo cual, según los defensores, aumenta el riesgo de opacidad y amplía la necesidad de controles civiles sobre el uso de la fuerza.
El diagnóstico nacional y su avance
Como avance parcial, se ha publicado el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual, cuya primera edición apareció en 2026 y cuya segunda presentación se esperaba este año. No obstante, las organizaciones precisaron que la existencia del diagnóstico no sustituye la falta de protocolos operativos o de un mecanismo que permita el seguimiento puntual de cada caso. La ausencia de modelos de actuación integrales limita la capacidad del Estado para prevenir y atender eficazmente episodios semejantes en el futuro.
Qué esperan las víctimas y próximos pasos
Las sobrevivientes reiteraron su exigencia de verdad, justicia y reparación integral: investigar la cadena de mando, procesar a los responsables y garantizar servicios de salud y reparación económica. Tras la audiencia, se prevé un intercambio de información entre el Estado, la representación de las víctimas y la Corte IDH. Los defensores no descartan que la Corte cite a una audiencia pública de supervisión para evaluar el grado de cumplimiento y exponer públicamente los incumplimientos. Mientras tanto, las denunciantes insisten en que el Estado se acerque a cumplir puntualmente las obligaciones ordenadas.
En suma, a casi dos décadas de los sucesos de Atenco las voces de las mujeres siguen reclamando que la condena internacional se traduzca en acciones concretas: investigación eficaz, sanciones a quienes ordenaron y ejecutaron la represión y políticas públicas que garanticen que episodios de tortura sexual no se repitan. Para las víctimas, la sentencia de la Corte IDH debe ser un punto de partida real para la reparación y la protección de los derechos humanos en México.
