Un reciente fallo de la corte suprema ha puesto bajo la lupa el sistema de gratuidad universitaria en Chile, revelando irregularidades en la regulación de aranceles que podrían tener consecuencias financieras a largo plazo. La decisión del máximo tribunal confirma un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Santiagoseñalando que la Subsecretaría de Educación Superior actuó de manera arbitraria e ilegal al modificar criterios para el cálculo de los aranceles regulados.
Este caso no solo expone problemas técnicos en la implementación de la gratuidad, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de un sistema que ya consume alrededor de US$ 2.500 millones anuales. A continuación, analizamos los detalles del fallo y sus implicancias para el futuro de la educación superior en el país.
El fallo de la Corte Suprema y sus fundamentos
La Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiagoque acogió el recurso de protección presentado por el Instituto Profesional Santo Tomás contra la Subsecretaría de Educación Superior. El conflicto surgió cuando la Subsecretaría, en la etapa final del proceso de regulación de aranceles para el año académico 2026, introdujo modificaciones no autorizadas en las Bases Técnicas.
Según el fallo, la Subsecretaría alteró el criterio para clasificar a una institución como «grande» y redujo el valor asignado a esa variable, lo que afectó directamente el financiamiento de las instituciones adscritas a la gratuidad. La Corte destacó que, aun tratándose de potestades discrecionales, los actos administrativos deben estar debidamente fundamentados y justificados.
La importancia de la motivación en los actos administrativos
El tribunal recordó que, conforme a la Ley N° 19.880toda decisión que afecte a particulares debe expresar claramente los hechos y fundamentos de derecho. En este caso, la Subsecretaría no explicó adecuadamente las razones detrás de sus modificaciones, lo que convirtió un acto discrecional en una decisión arbitraria.
Además, la Corte señaló que las modificaciones introducidas por la Subsecretaría no fueron revisadas por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA)instancia técnica e independiente diseñada para garantizar la transparencia y el rigor en el proceso. Esta omisión atenta contra la ley y pone en riesgo la solvencia financiera de las instituciones de educación superior.
Las implicancias financieras del fallo
El fallo de la Corte Suprema estima que la Subsecretaría deberá restituir alrededor de $39 mil millones a las instituciones afectadas, lo que representa un duro golpe para el ya ajustado presupuesto del Ministerio de Educación. Según las autoridades actuales, tampoco se hicieron las provisiones presupuestarias necesarias para cubrir este gasto, lo que agrava aún más la situación.
Este caso pone de manifiesto los altos costos del sistema de gratuidad, que actualmente consume alrededor de US$ 2.500 millones anuales. Además, revela los desafíos que enfrenta el país para determinar montos de aranceles regulados que sean justos y suficientes para sostener la docencia y la investigación en las instituciones de educación superior.
El debate sobre el futuro de la gratuidad
Este año se cumple una década desde la implementación de la gratuidad universitaria, pero aún no se han introducido cambios significativos para abordar los problemas detectados. La política apunta a la universalidad, pero no se ha reparado en los enormes costos que implicará para las arcas fiscales la incorporación de nuevas instituciones y segmentos socioeconómicos de estudiantes.
Ante esta situación, se hace necesario abrir un debate que permita explorar un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, donde las becas y los sistemas de crédito puedan volver a tener un espacio. Esto sería una forma de evitar el drenaje imparable de fondos públicos hacia la gratuidad y el desfinanciamiento de las universidades.
El proyecto de ley sobre reconstrucción nacional propone suspender para los años 2028 y 2029 el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad. De aprobarse, esta medida abriría una ventana para retomar un debate largamente postergado sobre el futuro de la educación superior en Chile.
