El Poder Ejecutivo ha enviado nuevamente al Congreso la iniciativa conocida como Ley Hojarasca, un paquete que busca eliminar leyes obsoletas y reducir el gasto público asociado a organismos municipales. La propuesta, originalmente formulada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en 2026, pretende depurar el ordenamiento jurídico nacional en lo que el Gobierno describe como una tarea de saneamiento para disminuir la burocracia y potenciar las libertades individuales.
Desde la Casa Rosada sostienen que la revisión permitió detectar normas sin aplicación práctica o que duplican funciones de organismos vigentes. En el comunicado oficial el ministerio definió el ejercicio como una radiografía de exceso regulatorio, y destacó que la eliminación de estas normas permitirá reorientar recursos públicos. La coalición oficial confía en que, con apoyos provinciales y bloques aliados, la iniciativa que afecta alrededor de 70 estatutos pueda avanzar en el Congreso.
Qué propone la iniciativa
El texto presentado apunta a la derogación total o parcial de numerosas normas que, según el Ejecutivo, ya no tienen vigencia práctica. Entre las medidas figura la eliminación del financiamiento estatal a instituciones como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios (FAM). El proyecto además incluye la supresión de disposiciones que imponían contenidos a medios, regulaban reuniones públicas o mantenían beneficios administrativos para funcionarios. El ministerio sostuvo que esta limpieza normativa incluye tanto leyes sancionadas por gobiernos democráticos como decretos promulgados en gobiernos de facto.
Recortes a organismos y financiación
FAM y Círculo de Legisladores
Una de las medidas más discutidas es la eliminación del envío de fondos estatales a la FAM y al Círculo de Legisladores, organismos con fuerte presencia de intendentes peronistas. Según el proyecto, estas entidades no podrán recibir recursos del Estado ni de empresas públicas o entes descentralizados; deberán sostenerse con aportaciones de socios, donaciones y convenios. El titular actual de la FAM, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, figura como uno de los nombres más afectados por el recorte.
Los críticos advierten que forzar la dependencia de aportes privados puede erosionar la representatividad y aumentar la influencia de financiadores adinerados. El Gobierno, por su parte, defiende la medida como una forma de evitar el uso de recursos nacionales para sostener estructuras partidarias locales y de transparentar la financiación pública.
Normas simbólicas y artículos polémicos
La lista de normas a derogar incluye disposiciones históricas y otras de carácter simbólico: desde artículos que limitaban la prensa o imponían programación obligatoria en radio y televisión, hasta privilegios para legisladores como la circulación y estacionamiento gratuito contemplado en la normativa anterior. También figura la eliminación de una ley que, según el Ejecutivo, penalizaba a ciudadanos por defender en foros internacionales denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país; y varias normas de la era de gobiernos de facto que hoy se consideran anacrónicas.
Entre las medidas administrativas aparece la derogación de la tasa que financiaba un sorteo de entradas de cine, un mecanismo que el Gobierno describe como ineficiente porque apenas alcanzaba a una fracción mínima de espectadores y generaba costos burocráticos superiores al premio. La iniciativa también prevé suprimir comités y fondos que dejaron de operar o fueron reemplazados por otras estructuras del Estado, según los relevamientos del ministerio.
Reacciones y contexto político
El envío del proyecto reaviva debates iniciados en 2026, cuando la iniciativa fue presentada por primera vez pero no llegó a ser tratada. El ministro Sturzenegger ha tomado como ejemplo experiencias provinciales como la de Mendoza, donde se avanzó en depuraciones legislativas similares; funcionarios del Ejecutivo la presentan como una política coherente con la agenda de desregulación del presidente Javier Milei. En el plano parlamentario, la mayoría oficialista cuenta con aliados que podrían facilitar la tramitación, pero tampoco faltan objeciones por parte de bloques que ven en la medida un impacto directo sobre municipios y la estructura partidaria local.
En definitiva, la Ley Hojarasca vuelve al centro del debate con la promesa de simplificar normas y recortar gastos, pero también con preguntas sobre representación, financiación y el alcance real de una depuración masiva del entramado legal. Mientras tanto, el Congreso deberá decidir si acompaña la lógica de limpieza normativa del Ejecutivo o limita el alcance de los recortes propuestos.
