Entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 2026 los portales Canal RED y Diario Red difundieron una serie de grabaciones que quedaron identificadas en la prensa como ‘hondurasgate’. En esos audios —que según las fuentes fueron captados en plataformas como WhatsApp, Signal y Telegram— se escucha a personas que, de confirmarse, serían operadores políticos hondureños organizando estrategias para volver al poder y crear herramientas mediáticas desde Estados Unidos.
En las conversaciones difundidas aparece, presuntamente, Juan Orlando Hernández coordinando con figuras como Nasry Asfura y el presidente del Congreso Tomás Zambrano. Además, los audios mencionan la solicitud de 150,000 dólares de fondos públicos para montar una unidad de periodismo digital en Washington con el objetivo de producir contenido destinado a socavar a los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. La autenticidad de estas grabaciones no ha sido verificada por laboratorios forenses independientes.
Origen y contexto del caso
Comprender a Juan Orlando Hernández es clave para dimensionar las acusaciones. Hernández fue condenado en 2026 en Nueva York a 45 años de prisión por cargos relacionados con conspiración para importar cocaína y sobornos vinculados al Cártel de Sinaloa; durante el juicio la fiscalía calificó a Honduras como un narcoestado bajo su mandato. Fue extraditado en 2026 y, según los audios publicados, habría recuperado la libertad tras un indulto firmado por Donald Trump días antes de las elecciones hondureñas del 30 de noviembre de 2026, un indulto que los grabaciones atribuyen a una operación política con apoyo internacional.
Qué revelan las grabaciones
Las piezas sonoras, en caso de ser auténticas, describen una estrategia de retorno político y mediático: desde la creación de una oficina de comunicación en Estados Unidos hasta la elaboración de “expedientes” para atacar la imagen de los gobiernos progresistas en la región. En las conversaciones, Hernández y sus interlocutores discuten métodos para influir en la opinión pública mediante la producción de contenido que desacredite a líderes como Petro y Sheinbaum, y plantean mecanismos para financiar esas operaciones con recursos públicos y aportes privados.
Financiamiento y apoyos internacionales
Los audios apuntan a la participación de actores externos: se menciona la intervención de sectores cercanos a Benjamín Netanyahu, el lobby del republicano Roger Stone y el respaldo de figuras de la ultraderecha regional. Otra filtración vinculada señala un aporte de 350,000 dólares procedente de allegados al presidente argentino Javier Milei para financiar una red regional de desinformación. Estas afirmaciones requieren verificación oficial, pero, de ser ciertas, delinean una trama de financiamiento transnacional destinada a procesos políticos en México y Colombia.
Reacciones políticas y diplomáticas
Ante las publicaciones, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en X para cuestionar directamente al primer ministro israelí y preguntar por las razones de su presunto involucramiento en la liberación de un condenado por narcotráfico. Colombia, que ya había roto relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2026, ha sido especialmente contundente en sus críticas públicas. Al cierre de la información, el gobierno de México no había emitido una declaración oficial sobre las grabaciones, aunque el tema ha generado inquietud en la diplomacia regional.
Implicaciones geopolíticas
Más allá de la disputa mediática, las grabaciones sugieren objetivos concretos: ampliar la presencia militar y económica en Honduras mediante la creación o expansión de ZEDES y bases, así como influir en el acceso a recursos estratégicos. Según esas narraciones, el indulto se habría convertido en moneda política para facilitar una mayor penetración de intereses externos. Esta hipótesis, planteada en los audios, conecta la estrategia comunicativa con propuestas de transformación institucional y territorial en Centroamérica.
Qué falta por confirmar y próximos pasos
La pieza clave sigue siendo la verificación técnica de las grabaciones. Instituciones independientes y peritos deben analizar la cadena de custodia y la autenticidad de los audios antes de convertir las acusaciones en pruebas judiciales. Mientras tanto, la prensa y las autoridades demandan transparencia sobre supuestos flujos financieros y posibles contactos entre operativos hondureños y actores internacionales. La figura de Roger Stone, las menciones a círculos vinculados a Netanyahu y los presuntos aportes desde Argentina son elementos que deben ser corroborados por documentación y testimonios.
En síntesis, el caso hondurasgate plantea un cruce entre política, justicia y comunicación: si las filtraciones se confirman, estaríamos ante una operación de influencia con consecuencias regionales; si se descartan, quedará un ejercicio periodístico que deberá responder por el manejo y la verificación de fuentes. Por ahora, la demanda principal es la misma: investigación rigurosa, respuestas oficiales y claridad sobre el uso de fondos públicos en campañas de desinformación.
