En la madrugada del miércoles que siguió al aniversario del ataque, los residentes de Kfar Aza se congregaron en silencio frente al arsenal del kibutz, recordando el horror vivido el 7 de octubre de 2023. En aquel operativo, milicianos de Hamás destruyeron la mitad del escuadrón de defensa civil, dejando 14 de sus 28 miembros muertos; la cifra forma parte de los 64 fallecidos y 19 secuestrados que marca la estadística oficial del día.

Entre los que asistieron, Inbar Goldstein alzó la voz, denunciando que su país no ha asumido la culpa que ella considera inevitable. «Necesito que mi país asuma su responsabilidad», afirmó, recordando que su hermano y su sobrina fueron víctimas mortales mientras otros cuatro familiares fueron raptados. La indignación se extiende más allá de los lazos familiares: toda la comunidad del sur de Israel siente que el mayor error de seguridad de la historia del Estado sigue sin respuestas claras.

Demandas de una investigación independiente

Desde el fin del conflicto, la ausencia de una comisión estatal con poderes amplios ha alimentado la frustración. Organizaciones civiles y políticos de la oposición, como el exministro Yizhar Shai han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para obligar al gobierno a crear una comisión con autoridad plena. La petición insiste en que se esclarezcan no solo los hechos del 7 de octubre, sino también los fallos sistémicos de la inteligencia que permitieron la invasión.

Los familiares de las víctimas señalan que varios avisos fueron ignorados. La soldada Roni Eshel que pereció en la base de Nahal Oz, había recibido indicios de actividades sospechosas. Su tío, Elad Levy preguntó en tono incrédulo: «¿Los egipcios advirtieron al primer ministro? ¿Y los emiratíes?» En los últimos meses, el diario Haaretz divulgó que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos habría llamado a Benjamin Netanyahu diez días antes del asalto, una denuncia que la oficina del primer ministro desestimó como «una mentira absoluta» y amenazó con demandar al medio.

Política de contención versus responsabilidad gubernamental

Durante los tres años transcurridos, la estrategia de contención de Hamás, impulsada por Netanyahu, mantuvo una aparente calma en la frontera, mientras se financiaba a Gaza a través de fondos internacionales como los de Qatar. El propio Netanyahu, al ser cuestionado, ha trasladado la culpa a sus jefes de seguridad, alegando que no se le despertó para autorizar una movilización masiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En una aparición televisiva, sostuvo que «si me hubieran despertado, esto no habría ocurrido».

Sin embargo, críticos como el periodista Yaacov Katz argumentan que la política de contener a Hamás y evitar la creación de un Estado palestino perpetuó un clima de violencia latente. Katz describió en su libro «Mientras Israel dormía» una serie de llamadas nocturnas entre altos mandos que, según él, no lograron anticipar la magnitud del asalto. El autor concluye que la verdadera responsabilidad recae en las decisiones estratégicas del gobierno y no exclusivamente en fallos operacionales.

El clima político se intensifica a medida que se acercan las elecciones. Netanyahu, pese a las críticas, mantiene su mensaje de firmeza, prometiendo ser «más fuerte y más duro» que cualquier adversario. Al mismo tiempo, surge un curioso fenómeno cultural: un videojuego satírico llamado «Sleepy Bibi» invita a los jugadores a ayudar al primer ministro a evitar la responsabilidad, reflejando la polarización que el caso ha generado en la sociedad israelí.

Mientras tanto, la memoria de los 64 muertos y los 19 secuestrados sigue viva en los rituales conmemorativos de Kfar Aza y Jerusalén. La presión social y judicial sigue creciendo, y la pregunta que persiste es si la administración aceptará, antes de las próximas urnas, el llamado a una investigación imparcial que permita entender por qué «nadie investigó las raíces» del ataque, como afirmó Goldstein.