En el barrio porteño de La Paternal se desarrolló un operativo para intentar el desalojo de un predio en la intersección de San Blas y Andrés Lamas, donde viven más de cien personas distribuidas en cinco propiedades horizontales. La intervención, a cargo de la Policía de la Ciudad, colocó vallas y limitó el acceso a la zona mientras se tramita la orden para ejecutar la medida judicial. Los residentes denunciaron estar incomunicados y sostuvieron que no recibieron notificaciones previas, lo que generó tensión entre las fuerzas y los ocupantes.
El origen del conflicto, según fuentes judiciales y vecinos, se remonta a 1998: la propietaria dejó a cargo el inmueble a una tercera persona y, al regresar años más tarde, constató que el número de habitantes había aumentado. A partir de allí se inició una contienda legal que incluye denuncias cruzadas, imputaciones y diferentes sumarios. En 2009 la Justicia dictó una sentencia firme con orden de desalojo, pero la ejecución quedó postergada por resistencias y recursos que mantuvieron el predio ocupado.
Desarrollo del operativo y reclamos de los ocupantes
Durante el procedimiento los efectivos colocaron perímetros de seguridad y los vecinos desalojados manifestaron desde detrás de las vallas que dentro del predio hay niños y personas con discapacidad. Los ocupantes aseguraron que no se les permitió comunicarse con los fiscales y denunciaron irregularidades en el procedimiento, al tiempo que afirmaron haber sido ofrecidos con una compensación económica de $150.000 para desalojar. Además, surgieron denuncias de que algunas familias habían entregado dinero a quien decía ser propietario, lo que, según ellos, constituiría un fraude en la intermediación.
Repercusiones institucionales y discurso oficial
El gobierno porteño informó que, en los últimos meses, recuperó casi 600 propiedades como parte de sus medidas para garantizar el respeto de la propiedad privada y el orden público. En ese marco, autoridades sostienen que la usurpación genera inseguridad en los barrios y favorece la aparición de grupos que cometen extorsiones y otros delitos, según declaraciones del jefe de Gobierno. Desde el Ejecutivo se reforzó la postura de mano dura frente a ocupaciones, con énfasis en que las políticas no deben proteger a quienes vivan del delito.
Perspectiva de seguridad
Fuentes de seguridad precisaron que entre los ocupantes hay personas con antecedentes y algunas imputadas por delitos menores, además de episodios administrativos registrados en los sumarios. Asimismo, describieron el procedimiento como una respuesta a una orden judicial pendiente. Por su parte, los residentes cuestionan la ausencia de notificaciones y exigen la presentación formal de la orden de desalojo antes de aceptar cualquier acuerdo o salida negociada.
El vínculo con el caso Chapadmalal
Paralelamente, trascendió que el histórico complejo hotelero de Chapadmalal, destinado al turismo social, será objeto de desalojo luego de que fuera transferido a la Agenia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hace más de medio año. Empleados y familiares que ocupan el establecimiento fueron intimados a desocupar en 10 días hábiles bajo apercibimiento de ejecución forzosa. La transferencia a la AABE fue objeto de controversia luego de que el secretario responsable declarara la innecesaridad del esquema previo y la emergencia administrativa que justificó el traspaso.
Limitaciones legales y patrimonio
El destino del complejo de Chapadmalal presenta una particularidad jurídica: no puede venderse libremente porque se encuentra sobre terrenos expropiados y fue declarado patrimonio histórico cultural en 2013, lo que condiciona las opciones disponibles. Fuentes oficiales recuerdan que la AABE es la única entidad con facultad para definir un eventual enajenamiento, por lo que cualquier operación deberá atravesar trámites administrativos y judiciales específicos.
Implicaciones sociales y demandas de transparencia
Ambos casos —el predio de La Paternal y el complejo de Chapadmalal— ponen en tensión derechos individuales y la protección de la propiedad. Vecinos y organizaciones alertan sobre la presencia de familias vulnerables y piden garantías mínimas para procedimientos de desalojo, como la presentación clara de órdenes, alternativas de alojamiento y protocolos para personas con discapacidad. Al mismo tiempo, las autoridades sostienen la necesidad de preservar el orden y combatir la usurpación que, según su diagnóstico, puede derivar en mayores riesgos para la seguridad barrial.
