Un tribunal de alzada ratificó la medida que ordena el embargo de activos por cerca de US$500 millones contra Cristina Fernández de Kirchner y varios condenados en el conocido expediente Vialidad. Esta resolución forma parte de las acciones destinadas a recuperar fondos públicos que la justicia considera malversados. La ex presidenta, de 73 años, cumple desde junio de 2026 una pena de seis años bajo arresto domiciliario y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos tras ser encontrada responsable de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas.
La Cámara de Casación Penal Federal rechazó los recursos presentados por la defensa y otros imputados, dejando firme la disposición de ejecutar los bienes señalados en la sentencia original. Los magistrados que suscribieron el fallo fueron Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, según el texto conocido por agencias informativas. La decisión habilita la puesta en marcha de mecanismos de cobro de la suma fijada, cuyos valores fueron actualizados en el marco del proceso de ejecución.
Qué bienes quedaron afectados
Entre los bienes que ahora pueden ser ejecutados figura una propiedad de la ex mandataria en la provincia de Santa Cruz, además de alrededor de veinte inmuebles asociados a ella y a sus hijos, muchos de los cuales habrían sido transferidos en 2016. El fallo también confirma el embargo de más de ochenta propiedades vinculadas al empresario aliado Lázaro Báez y sus empresas, que fueron objeto central de la investigación sobre adjudicaciones preferenciales. En conjunto, el paquete de inmuebles y otros activos conforma la columna vertebral del operativo judicial destinado a reparar el presunto perjuicio al Estado.
Postura de la defensa y recursos previstos
La defensa argumentó que no existía trazabilidad suficiente para acreditar que los bienes procedían de fondos ilícitos y que varios activos atribuidos a los hijos de Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia, correspondían a herencias de Néstor Kirchner o habían sido adquiridos antes del período investigado. El letrado Gregorio Dalbón anunció la intención de llevar el caso a la Corte Suprema, al sostener que la resolución extiende efectos penales a personas fallecidas e incluye propiedades sin vínculo directo comprobado con la maniobra. La controversia gira en torno a la extensión del alcance patrimonial de la condena y la protección de derechos hereditarios.
Control judicial y posible venta de activos
El fallo establece que los bienes embargados quedarán bajo la supervisión de la Corte Suprema, que tendrá facultades sobre su administración y eventual disposición en venta para satisfacer la deuda con el Estado. Este procedimiento de ejecución patrimonial suele implicar medidas cautelares, inventarios y subastas públicas; en este caso la cifra elevada y la pluralidad de titulares implicados complejizan la operatoria. La medida busca garantizar la efectividad de la reparación del perjuicio económico estimado por el tribunal en la sentencia del proceso Vialidad.
El trasfondo del caso Vialidad
La investigación Vialidad concluyó que en la provincia de Santa Cruz muchas obras fueron adjudicadas de manera sistemática a empresas vinculadas con Lázaro Báez, con presupuestos inflados y trabajos que quedaron inconclusos o mal ejecutados, lo que constituyó, según el Ministerio Público, el núcleo del esquema de corrupción. Además, Fernández de Kirchner enfrenta otro juicio por supuestas coimas y sobreprecios en contratos públicos de la década de 2000; ese expediente incluye a unas 85 personas y, según la acusación, ubica a la ex mandataria como la principal beneficiaria de un sistema iniciado durante la presidencia de su esposo entre 2003 y 2007. Ese proceso podría extenderse más allá de 2026.
