La mañana del Sept. 19, 1985 quedó grabada en la memoria colectiva de la Ciudad de México. A las 7:19 a.m. un sismo con una magnitud cercana a 8.1 en la escala Richter sacudió estructuras, hizo rebotar el suelo y provocó un colapso masivo en barrios como Tlatelolco. Vecinos que salieron a la calle —como María Gutiérrez, que acababa de dejar a su hija en la escuela— vieron cómo edificios enteros se desmoronaban y sintieron que la ciudad se quedaba sin servicios básicos: sin electricidad, sin agua y sin comunicaciones.
El fenómeno no fue solo geológico: la duración del temblor, casi tres minutos, y el carácter vertical del movimiento intensificaron el daño. En minutos, más de 370 inmuebles se vinieron abajo, incluidos hospitales, centros de comunicaciones y hoteles; entre las pérdidas humanas figuraron decenas de profesionales de la salud. Estas cifras mostraron de forma brutal la vulnerabilidad de la infraestructura pública y privada ante un sismo de esa envergadura, y socavaron la percepción de que el Estado podía proteger a la población.
Devastación, colapsos y vidas truncadas
Las escenas que emergieron tras el temblor fueron de devastación generalizada: hospitales como el Centro Médico y el hospital de cardiología se derrumbaron, con consecuencias trágicas para decenas de médicos y enfermeras. Además, la ciudad reveló la existencia de fábricas textiles irregulares: pisos que cedieron bajo maquinaria pesada y puertas que impedían la salida de trabajadoras. Se reportaron pérdidas masivas entre las trabajadoras textiles; la magnitud del desastre puso en evidencia tanto fallas técnicas como decisiones humanas previas que incrementaron el número de víctimas.
Fallas estructurales y prácticas corruptas
Al avanzar las labores de rescate surgieron evidencias inquietantes: pilares rellenos de arena, permisos irregulares y construcciones que no cumplían normas sísmicas. Esas prácticas, alimentadas por redes de corrupción entre desarrolladores y autoridades, explicaron por qué edificios públicos y ciertos complejos colapsaron con tanta facilidad. La emergencia destapó negociaciones que habían priorizado beneficios económicos sobre seguridad, y la percepción de impunidad agravó la indignación social frente a la catástrofe.
Respuesta oficial y vacío de liderazgo
La reacción inicial del gobierno federal fue errática. Aunque existían planes sobre el papel para movilizar recursos, en la práctica las fuerzas militares se limitaron a acordonar zonas en lugar de dirigir rescates, bloqueando iniciativas locales de auxilio. Mensajes oficiales que rechazaban ayuda externa contrastaron con la realidad: recursos insuficientes, fallas en la coordinación y declaraciones públicas que subestimaron la magnitud del desastre. Este vacío administrativo amplificó las críticas contra la administración de Miguel de la Madrid y erosionó la confianza ciudadana en las instituciones.
Surgen las brigadas ciudadanas
Ante la inacción estatal, la respuesta vino de la sociedad: se conformaron brigadas de trabajo que cruzaron clases sociales para excavar a mano entre los escombros. Estudiantes, amas de casa, obreros y jóvenes urbanos trabajaron codo a codo; a los voluntarios que se internaban en edificios colapsados se les apodó topos. En Tlatelolco, los damnificados se auto-organizaron: eligieron líderes, coordinadores y exigieron soluciones habitacionales cuando quedó claro que no podrían volver a sus viviendas dañadas.
Movilización política y consecuencias
La organización ciudadana derivó en demandas públicas que culminaron en marchas masivas y en la creación de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), capaz de articular reclamos y negociar. Protestas ante Los Pinos y ocupaciones simbólicas —como la decisión de volver a ciertos edificios en la primera semana de enero de 1986— provocaron cambios en la estrategia gubernamental: dimisiones de funcionarios polémicos y la apertura de mesas de diálogo que priorizaron la reconstrucción en sitio cuando era viable. Ese proceso mostró que la sociedad civil podía forzar rendición de cuentas y alterar proyectos de desarrollo urbano, dejando huella en la memoria política del país.
El terremoto de Sept. 19, 1985 no solo dejó un saldo material y humano enorme, sino que también demostró cómo una catástrofe puede desencadenar organización popular, revelar prácticas corruptas y obligar a revisar políticas públicas. Las brigadas, los damnificados y las nuevas formas de presión ciudadana marcaron un antes y un después en la relación entre sociedad y Estado en la capital, y se convirtieron en una lección sobre la capacidad colectiva de respuesta y la necesidad de institucionalizar la prevención sísmica y la transparencia en la construcción.
