Una mañana dominical, lectoras y lectores de Quito y otras ciudades encontraron las primeras páginas de dos diarios masivos impresas en blanco. Ese silencio gráfico no fue un error tipográfico sino una protesta: la editorial Granasa decidió dejar vacías las portadas de Expreso y Extra para denunciar lo que considera un intento gubernamental de apropiación. La medida buscó visibilizar, según la empresa, una ofensiva contra la libertad de expresión y otros derechos civiles, tras la imputación penal a varios directivos en una disputa por el 40% de las acciones.
El episodio llegó en un momento de crecientes fricciones entre el Ejecutivo y otras esferas del poder: partidos políticos, órganos judiciales y ahora los medios. Los críticos sostienen que las autoridades estarían utilizando organismos estatales —como la procuraduría, el Servicio de Rentas Internas y la unidad antilavado— para perseguir voces críticas y minar la capacidad de investigar problemas públicos. Frente a estas acusaciones, el gobierno ha mantenido su línea de lucha contra la delincuencia y la corrupción, prometiendo mano dura para restaurar el orden.
El caso Granasa y sus repercusiones
En el conflicto puntual, el regulador corporativo acusa a la junta de Granasa de irregularidades en la transferencia de la participación del 40%, lo que derivó en investigaciones y cargos. La Presidencia remitió consultas al organismo regulador, mientras la empresa interpretó las acciones como un intento de control empresario por la vía administrativa y penal. Para analistas y organizaciones defensoras de derechos, este caso no es aislado sino parte de una serie de medidas que debilitan salvaguardas institucionales, afectando tanto a la independencia de la prensa como a la seguridad jurídica de la propiedad privada.
Voceros empresariales han advertido que la percepción de erosión del estado de derecho puede cortar la confianza necesaria para la inversión. Dirigentes de cámaras industriales y agrícolas han señalado que ataques a la prensa y presiones sobre propietarios o directivos envían una señal negativa para el desarrollo económico. Al mismo tiempo, defensores de derechos piden prudencia ante posibles usos políticos de la investigación penal y reclaman salvaguardas procesales.
Reacciones políticas, mercado y pueblo
El episodio de los diarios se inserta en un contexto mayor: el presidente Daniel Noboa, hijo de un empresario bananero y formado en Harvard, presenta su gestión como una cruzada contra la violencia ligada al narcotráfico y por reformas económicas destinadas a atraer inversión. Entre sus medidas recientes figuran toques de queda nocturnos extensos en ciudades como Quito, parte de una estrategia de seguridad que busca contener la violencia que ha elevado a Ecuador entre los países con índices más altos de crimen.
En los mercados, la recepción ha sido distinta: los diferenciales de los bonos soberanos frente a los bonos del Tesoro de EE. UU. se han reducido notablemente desde que Noboa asumió un mandato completo en mayo de 2026, lo que indica optimismo de parte de inversores internacionales sobre el camino económico y el cumplimiento de un programa con el FMI. No obstante, analistas locales recuerdan que la confianza financiera puede convivir con dudas sobre el respeto a libertades básicas y la separación de poderes.
Impacto en la inversión y señales desde organismos
Expertos como la directora para América Latina de Eurasia han señalado que, pese a la polémica interna, el mercado financiero no ha reaccionado negativamente en términos masivos. Sin embargo, otras voces subrayan que el deterioro institucional detectado en casos como el de Granasa puede erosionar ventajas competitivas a largo plazo. Organizaciones internacionales y académicos han alertado sobre una regresión democrática que, según mediciones de libertad, colocó a Ecuador de nuevo en la categoría de “parcialmente libre”, según un informe publicado por Freedom House en 2026.
Perspectivas institucionales y advertencias internacionales
La disputa por la fecha de elecciones locales —aceleradas por una resolución del Consejo Nacional Electoral del 27 de marzo por riesgos climáticos vinculados a El Niño— y la suspensión de la participación del movimiento del ex presidente Rafael Correa han agitado aún más el tablero político. Reclamos sobre legalidad y equidad en el proceso electoral fueron elevados ante la Corte Constitucional, que enfrenta a su vez investigaciones por posibles bienes ilícitos en la magistratura, lo que alimenta la preocupación sobre la independencia judicial.
Organismos de derechos humanos han expresado inquietud: la relatora de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, y entidades como Human Rights Watch, han señalado en su informe mundial de febrero de 2026 medidas que podrían socavar garantías constitucionales y la seguridad de jueces. Frente a ese diagnóstico, la sociedad civil y sectores empresariales insisten en la necesidad de preservar frenos institucionales, proteger la pluralidad informativa y asegurar que la lucha contra la delincuencia no se convierta en pretexto para limitar libertades fundamentales.
