Perú ha mostrado una capacidad notable para sostener estabilidad macroeconómica pese a una sucesión de crisis políticas. En las últimas décadas el país logró atraer inversión extranjera, mantener el valor del sol y preservar cuentas públicas ordenadas, elementos que han servido de ancla frente a vaivenes regionales. Sin embargo, varios especialistas advierten que esos logros no compensan totalmente los efectos acumulados de la inestabilidad política, un fenómeno que limita la ejecución de políticas públicas de largo plazo y la realización de proyectos de gran escala.
Este texto examina por qué la economía peruana parece funcionar «en piloto automático», qué pérdidas de oportunidad ha generado la inestabilidad y qué factores marcarán su desempeño futuro. Se recogen análisis de economistas y datos que muestran rendimientos por debajo de su potencial, el impacto en sectores clave como la minería y la amenaza que representan la corrupción y la informalidad para la cohesión social. Al frente de estas tensiones están decisiones del poder político que condicionan la renovación de instituciones y la confianza de los inversionistas.
Fortalezas que han sostenido el desempeño
Entre los cimientos que explican la resistencia económica destaca la gestión del Banco Central de Reserva del Perú, una institución que por su autonomía ha privilegiado criterios técnicos en su política monetaria. Esa independencia ha contribuido a que el sol sea una de las monedas más estables de la región y a contener presiones inflacionarias cuando los mercados externos se tensionan. Asimismo, la apertura comercial y marcos legales que brindan cierta seguridad jurídica han permitido que fluyan inversiones, sobre todo en sectores tradicionales de exportación como el cobre y el oro, cuya cotización internacional ha sido favorable en años recientes.
El precio real de la rotación política
La sucesión acelerada de presidentes y cambios ministeriales erosiona la capacidad para sostener políticas de Estado. Cuando la presidencia y los gabinetes duran pocos meses, la planificación de proyectos de largo plazo —especialmente en infraestructura y minería— se vuelve compleja. Economistas señalan que, dejando de lado los años de pandemia, el crecimiento promedio desde 2026 ha sido de aproximadamente 2,3%, cifra que se queda detrás del potencial estimado. Los expertos calculan que una gobernanza más predecible podría haber colocado el crecimiento anual en niveles cercanos al 4,5% o superiores.
Impacto en inversión y empleo formal
La incertidumbre política también influye en la decisión de invertir en proyectos que requieren años de permisos y financiamiento. Para empresas y grupos extranjeros la pregunta central es la previsibilidad: quiénes serán los interlocutores y si las reglas del juego permanecerán. Ese contexto ayuda a explicar por qué el regreso del empleo formal y la caída de la pobreza han sido más lentos de lo esperado: la pobreza pasó de cerca del 20% en 2019 a 27,6% en 2026, y el ingreso formal recién recuperó niveles de 2019 en 2026, según el instituto estadístico nacional.
Minería, crimen y pérdidas fiscales
El sector minero, esencial para las exportaciones y la recaudación, depende de señales claras sobre política pública. La presencia de minería ilegal y redes delictivas añade otra capa de riesgo: estimaciones señalan exportaciones de oro ilegal de gran magnitud que erosionan la base tributaria y provocan competencia desleal. La captura de segmentos del Estado por mafias y actos de corrupción repercute en costos económicos directos y en la percepción de seguridad jurídica, lo que retrae inversiones productivas y aumenta el gasto público en respuesta a crisis sociales.
Escenarios presentes y decisiones clave
Las perspectivas inmediatas están condicionadas por factores externos, como la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre el precio del petróleo, pero también por decisiones internas. El Banco Central estima un crecimiento del PIB de 2,9% en 2026, una cifra positiva en términos relativos para la región, aunque sensible a shocks internacionales. Además, la renovación del directorio del banco central y la posible continuidad en la presidencia de Julio Velarde son asuntos que los mercados observan con atención, ya que la permanencia de liderazgo técnico es vista como un ancla de confianza.
En definitiva, el desafío para los dirigentes que resulten electos será convertir la aparente resiliencia en un impulso real hacia crecimiento inclusivo y sostenido. Recuperar el ritmo potencial del país implica estabilizar el rumbo político para permitir políticas fiscales y sectoriales consistentes, combatir la corrupción y la minería ilegal, y recuperar niveles de inversión que permitan generar empleo formal y reducir la pobreza. Solo así la economía podrá dejar de funcionar en modo zombi y aprovechar plenamente sus ventajas estructurales.
