El Gobierno nacional habilitó la venta de inmuebles estatales mediante el Decreto 322/2026 y, a menos de un mes de aquella autorización, el complejo turístico de Embalse en Córdoba despidió a 40 trabajadores entre contratados y permanentes. La medida forma parte de una estrategia más amplia de achique del Estado que combina transferencias de activos con recortes operativos, y genera una inmediata tensión social en las comunidades afectadas.
La decisión provocó un fuerte rechazo de sindicatos y actores locales; al mismo tiempo, el Gobierno sostiene que las ventas buscan eficientizar el rol del Estado y reducir erogaciones. En paralelo, se intenta replicar el mismo procedimiento en el hotel de Chapadmalal, cerca de Mar del Plata, lo que expone una línea política clara: priorizar la externalización de servicios y el traspaso de inmuebles a manos privadas.
El marco legal y el papel de la AABE
El texto del Decreto 322/2026 autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a «disponer, enajenar y/o transferir» diez propiedades distribuidas en el país. Según fuentes oficiales, la intención es reducir costos y gastos corrientes; fuera del discurso, la aplicación práctica ya implicó la salida de empleados y el inicio de procesos administrativos para vender o concesionar activos. La agencia actúa como ejecutora del plan y deberá coordinar los pliegos y las ofertas para cada unidad.
En el terreno laboral, la reducción se promueve mayormente con retiros voluntarios, un mecanismo que el Ejecutivo impulsa como menos conflictivo que despidos masivos, aunque en varios casos la transición terminó en desvinculaciones. Mientras tanto, organizaciones gremiales advierten que la venta de complejos turísticos estatales afecta empleos locales y el acceso a servicios públicos de recreación gestionados por el Estado.
Economía, inversiones y medidas complementarias
En medio de los ajustes, el Gobierno envió al Congreso el llamado Super RIGI, un proyecto que propone beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para inversiones superiores a US$1000 millones en actividades nuevas. La iniciativa busca atraer capitales grandes, pero también despierta dudas sobre concesiones a sectores específicos y el efecto fiscal de otorgar ventajas impositivas en un marco de reducción del gasto público.
Qué propone el Super RIGI
El proyecto establece un esquema de incentivos para proyectos de gran escala que incluye facilidades tributarias y cambios en la normativa cambiaria. Los impulsores aseguran que generará empleo y capacidad productiva, mientras que críticos advierten sobre el riesgo de concentrar beneficios y reducir la recaudación. En la discusión legislativa, el texto convivirá con otras iniciativas enviadas por el Ejecutivo y será evaluado en el contexto de una agenda económica amplia.
Presión sobre tarifas y obras públicas
Paralelamente, el Gobierno licitará una obra para ampliar la red de transporte eléctrico en el AMBA, con financiamiento privado y garantía del BID. La particularidad es que la empresa adjudicataria podrá recuperar inversión por tramos mediante ingresos asociados a avances parciales, un esquema que trasladará parte del repago a las tarifas de los usuarios. Esta fórmula busca acelerar obras pero incorpora un debate sobre quién paga las mejoras: el Estado, los usuarios o los inversores privados.
Universidad, liturgia y la interna política
En otro frente, la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó la petición de cumplimiento de la ley N.º 27.795 ante la Corte Suprema para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada por el Congreso, prevé actualizaciones mensuales por inflación para garantizar recursos a las casas de estudio. Manifestaciones y clases públicas frente a Tribunales subrayaron la tensión entre la administración central y el sistema universitario, que reclama seguridad presupuestaria.
El Tedeum del 25 de mayo añadió otro capítulo: el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, denunció el fenómeno del «terrorismo de las redes» y llamó al diálogo; el presidente Javier Milei respondió restando dramatismo a la expresión. Las diferencias se entrelazan con la interna de La Libertad Avanza, donde figuras como Santiago Caputo y Martín Menem volvieron a enfrentarse en encuentros públicos y en la mesa política, mientras el Presidente intentaba apaciguar tensiones convocando al gabinete.
En síntesis, la combinación de despidos en Embalse, la habilitación para vender inmuebles por decreto, el paquete de incentivos para grandes inversiones y los reclamos universitarios configuran un momento de alta conflictividad política y social. El Gobierno apuesta a una reordenación del Estado que genera, al mismo tiempo, resistencias locales y debates nacionales sobre prioridades, impacto fiscal y efectos laborales.
