La ciudad de Córdoba se vio conmovida por la desaparición de Agostina Vega, adolescente de 14 años que salió de su barrio y nunca regresó. Según la reconstrucción realizada a partir de testimonios y registros, la última comunicación telefónica se produjo a las 22.30 del sábado 23 de mayo, cuando la joven abordó un remis en el barrio General Mosconi con destino a la casa de un hombre identificado como Claudio Barrelier, de 33 años y expareja de su madre, Melisa Heredia.
En las primeras horas la familia, las autoridades y la comunidad buscaron respuestas. Las versiones se apilaron y las imágenes de cámaras de seguridad empezaron a ser clave para contrastar relatos. La investigación combinó elementos técnicos —como la información de antenas telefónicas— y testimonios directos que fueron aportando piezas al rompecabezas que terminaría con un desenlace trágico y movilizador para los vecinos.
El trayecto en remis y los testimonios clave
El relato del conductor que trasladó a la adolescente fue uno de los primeros eslabones concretos en la investigación. El remisero explicó que recogió a Agostina y que ella pidió ir a la intersección de Del Campillo y Fragueiro; en el vehículo la joven dijo tener 14 años y alegó ser familiar de una persona conocida en la zona para generar confianza. Ese relato permitió reconstruir la secuencia del viaje y ubicar el descenso en barrio Cofico, donde según la fiscalía la joven ingresó a la casa de Barrelier.
Detalles que llamaron la atención
El conductor relató elementos que le resultaron sospechosos al llegar al domicilio: la forma en que un hombre pagó la carrera, la actitud evasiva de esa persona y la presencia de una prenda que cubría parcialmente el rostro. Esos datos, junto con la confirmación posterior por parte de las imágenes de seguridad, contribuyeron a confirmar que la persona que ingresó a la vivienda fue efectivamente Agostina, pese a las primeras negaciones del entorno del acusado.
Allanamientos y pruebas técnicas
El abogado de la madre, Carlos Nayi, señaló que los operativos realizados el 28 de mayo arrojaron información relevante. Entre los elementos remitidos a la fiscalía se encontraban registros de antenas telefónicas y los resultados de los allanamientos, que los investigadores calificaron como esclarecedores. La fiscalía fue incorporando esos aportes para acoplar las piezas técnicas con los testimonios recogidos en el barrio.
La labor pericial
La pesquisa incluyó la revisión de cámaras de seguridad que mostraron a la joven entrando al domicilio señalado y el análisis de las comunicaciones que permitieron trazar movimientos y horarios. Los datos técnicos fueron combinados con el trabajo de campo: rastrillajes, toma de declaraciones y el cruce de pruebas entre distintas dependencias judiciales y policiales. Todo ello intentó reducir incertidumbres en torno al paradero de la adolescente.
Hallazgo, reacción social y exigencias de justicia
El caso dio un giro doloroso cuando se confirmó el hallazgo de restos humanos en un predio de Ampliación Ferreyra que venía siendo rastrillado desde el viernes. La aparición se produjo cuando la búsqueda estaba próxima a cumplir una semana desde la desaparición, y autoridades como el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, se presentaron en el lugar junto a familiares, entre ellos Gabriel Vega, padre de la víctima.
Movilización ciudadana
Tras conocerse el resultado del operativo, la familia y vecinos realizaron una marcha de reclamo por justicia. Las protestas incluyeron cortes de calles y quema de neumáticos en la avenida Circunvalación y el Puente Rancagua, cerca del barrio General Mosconi, donde reside la familia. La manifestación buscó visibilizar el pedido de esclarecimiento y acelerar respuestas institucionales ante un caso que conmocionó a la provincia.
Próximos pasos en la investigación
Las autoridades judiciales continúan con la pesquisa, que combinará pericias forenses sobre los restos encontrados, el análisis de comunicaciones y la profundización de testimonios. El proceso busca determinar responsabilidades y ofrecer a la familia una respuesta judicial que dé cuenta de lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad mantiene la demanda de transparencia y celeridad en las diligencias.
