En el corregimiento de Navarro, al suroriente de Cali, se vive un conflicto que ha durado cinco años. La empresa Interconexión Eléctrica S. A. ESP (ISA) reclama un terreno en el Paraje de Cauquita, donde se asienta la comunidad de Brisas de las Torres. Este caso, que involucra a más de mil personas, ha generado una compleja situación social y legal.
La zona rural en disputa es una franja de servidumbre, un área delimitada para infraestructuras eléctricas. ISA ha presentado una acción de tutela, fallada a su favor en 2026, contra las secretarías de Bienestar Social y Vivienda del distrito y la Alcaldía de Cali. Sin embargo, la comunidad, compuesta por niños, ancianos, migrantes y víctimas del conflicto armado, también ha presentado tutelas reclamando soluciones dignas.
Características de la comunidad afectada
Según el personero de Cali, Gerardo Mendoza, el asentamiento de Brisas de las Torres está conformado por 390 hogares y 1.226 personas. De este total, 486 son niños, niñas y adolescentes, y 453 son jefes de hogar víctimas del conflicto armado. Además, hay madres cabeza de familia, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.
La corregidora de Navarro, Fulvia Euyenith Cortés Cabezas, ha destacado en una carta dirigida a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Cali, la necesidad de una caracterización y oferta de servicios institucionales que incluyan alternativas de vivienda y reubicación para las víctimas por desplazamiento forzado y sujetos de especial protección.
El terreno en disputa y las acciones legales
El terreno en disputa abarca dos predios identificados con matrículas inmobiliarias 370-542812 y 370-122406. ISA señala que, desde el 12 de agosto de 2026, se evidenció la perturbación en las zonas de servidumbre eléctrica con al menos 400 ramadas o cambuches en materiales de madera.
La corregidora Cortés Cabezas ha indicado que se han realizado requerimientos para que los organismos competentes adelanten la caracterización y ofrezcan alternativas de vivienda y reubicación. Sin embargo, la falta de materialización de estas medidas ha llevado a ISA a promover una acción de tutela para materializar la decisión tomada.
Inicialmente, el desalojo estaba programado para el 30 de junio de 2026. Sin embargo, el personero de Cali, junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, recomendó postergar la diligencia para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas interinstitucionales. La medida se corrió para el 22 de julio de 2026.
El Ministerio Público elevó la recomendación de aplazar el desalojo masivo, fundamentándose en las conclusiones de la mesa interinstitucional del 24 de junio en la Personería distrital de Santiago de Cali. Durante el encuentro, se evidenció que aún no se ha materializado de manera integral el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la sentencia de tutela No. 96 del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali y por la sentencia SU-016 de 2026 de la Corte Constitucional.
Las entidades advirtieron que adelantar el procedimiento sin que previamente se hayan concretado estas medidas podría generar riesgos de vulneración de derechos fundamentales de la población afectada. Por ello, se recomendó reprogramar la diligencia hasta que se acredite el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales y la implementación de las medidas de subsidio, vivienda o reubicación previstas en las decisiones de los jueces constitucionales.
La postura de la Alcaldía de Cali
La Alcaldía de Cali ha explicado que la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat respeta las recomendaciones y advertencias de la Procuraduría General de la Nación, la Personería distrital de Santiago de Cali y la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos de la población asentada en Brisas de las Torres.
No obstante, la Administración distrital ha precisado que la sentencia SU-016 de 2026 no condiciona la ejecución de la medida a la reubicación definitiva de la totalidad de la comunidad. La jurisprudencia establece la obligación de garantizar el debido proceso, la caracterización de la población, la identificación de sujetos de especial protección y la adopción de medidas de atención diferencial.
La Alcaldía ha destacado que, desde 2026, ha adelantado acciones permanentes para la atención de la población asentada, entre ellas la caracterización socioeconómica, la identificación y verificación de hogares, jornadas de socialización de la oferta institucional, articulación interinstitucional, procesos de postulación a subsidios de arrendamiento, evaluación de requisitos y asignación de subsidios a los hogares que cumplieron las condiciones establecidas.
Finalmente, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, reitera su disposición para continuar acompañando a la comunidad, fortalecer la articulación institucional, ampliar las jornadas de postulación y garantizar la atención diferencial de los sujetos de especial protección constitucional.
