En Coahuila, la lucha por garantizar el acceso al aborto legal se intensifica cada día. A pesar de algunos avances en la despenalización, muchas mujeres aún enfrentan una serie de obstáculos que dificultan su acceso a este derecho fundamental. Recientemente, un grupo de colectivas feministas presentó una iniciativa ante el Congreso local, poniendo de relieve la urgencia de reformar la Ley General de Salud del estado. Pero, ¿cuál es el verdadero camino hacia la implementación efectiva de estos derechos? La respuesta es más compleja de lo que parece y está llena de desafíos.
Desmontando el mito de la despenalización
Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de Coahuila que armonizara sus leyes en relación a la salud reproductiva. Sin embargo, las activistas han denunciado que, aunque el aborto ya no es penalizado, las medidas necesarias para garantizar abortos seguros en hospitales públicos siguen ausentes. Aquí surge una pregunta incómoda: ¿de qué sirve despenalizar una práctica si no hay una estructura que la respalde?
Este aspecto es crucial para entender la situación actual. La falta de infraestructura médica adecuada no solo perpetúa problemas logísticos, sino que también pone en riesgo la salud y la vida de muchas mujeres. Ante la desesperación, algunas pueden recurrir a métodos inseguros, lo que es alarmante. Los datos de maternidad infantil en México destacan esta problemática: decenas de niñas menores de 12 años han dado a luz, lo que refleja una realidad que demanda atención urgente.
Un análisis de las colectivas y su propuesta
La Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres ha lanzado una iniciativa ciudadana que busca modificar la legislación actual para garantizar un acceso real y seguro al aborto. Sofía Díaz, una de sus representantes, ha señalado que, a pesar de la despenalización, aún carecemos de una estructura médica que garantice la práctica del aborto. Este análisis no debe limitarse solo al contexto legal; es vital considerar también las dinámicas sociales y culturales que influyen en la percepción y la práctica del aborto en la región.
La iniciativa ha llegado a la Oficialía Mayor del Congreso, pero su análisis formal podría postergarse hasta septiembre, generando incertidumbre sobre su futuro. Las colectivas esperan que la presión social y mediática influya en los legisladores para que actúen. Sin embargo, tanto la legislatura anterior como la actual han eludido cumplir con el mandato de la SCJN. La historia nos ha enseñado que las promesas políticas a menudo se quedan en eso: palabras vacías sin un verdadero compromiso detrás.
Lecciones aprendidas y pasos a seguir
Para los fundadores y defensores de derechos, es esencial aprender de estas situaciones. He visto demasiadas iniciativas fallar por no considerar la sostenibilidad a largo plazo y la necesidad de un enfoque basado en datos. En este caso, el churn rate de apoyo a las iniciativas feministas puede ser elevado si no se presentan resultados tangibles. La clave radica en construir una narrativa sólida que conecte con la comunidad y en hacer que los datos hablen por sí mismos.
Los legisladores deben entender que garantizar el acceso al aborto no es solo una cuestión de legalidad, sino de derechos humanos y salud pública. Las colectivas deben seguir presionando, pero también necesitan encontrar formas innovadoras de involucrar a la comunidad en el diálogo sobre estos temas. Solo a través de un enfoque colaborativo y basado en datos se podrá lograr un cambio real y duradero.
Conclusiones y reflexiones finales
El camino hacia la legalización del aborto en Coahuila refleja las luchas más amplias que enfrentan las mujeres en todo el país. La despenalización es solo el primer paso; la verdadera batalla se libra en los hospitales y en la sociedad. A medida que las colectivas continúan su lucha, es vital mantener activa la conversación sobre el aborto y buscar soluciones prácticas y sostenibles. La historia de esta iniciativa será un testimonio de la resiliencia y la determinación de quienes luchan por sus derechos.
