La incertidumbre electoral persiste en Perú tras las votaciones: con más del 93,8% de las actas contabilizadas Keiko Fujimori figura como la candidata más votada con alrededor del 17%, pero la segunda plaza que define la segunda vuelta sigue en disputa entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, separados por cerca de 15.000 votos. Ese margen —menos de un punto porcentual— hace que la resolución dependa del procesamiento de las actas observadas y de las impugnaciones presentadas por diversas agrupaciones políticas, lo que ha extendido el tiempo necesario para confirmar quién competirá en la ronda definitiva.
Estado actual del recuento y plazos anunciados
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha alertado que los resultados definitivos podrían tardar hasta la quincena de mayo, fecha que permitirá conocer oficialmente los nombres que irán al balotaje previsto para el domingo 7 de junio. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó el proceso administrativo: las actas observadas deben escanearse, integrarse en expedientes, notificarse y superar posibles apelaciones antes de ser incorporadas al conteo final. El presidente del JNE, Roberto Burneo, también informó sobre 85 pedidos de nulidad por supuestas irregularidades que ya se remitieron a los Jurados Electorales Especiales (JEE), y advirtió que el pleno tomará medidas drásticas si fuera necesario para garantizar la limpieza del proceso.
Principales obstáculos que frenan la proclamación
Varias razones explican la lentitud del escrutinio. Primero, hubo incidentes logísticos el día de la votación: 15 colegios en Lima no abrieron por la falta de materiales, lo que dejó sin votar a unas 60.000 personas y obligó a habilitar una jornada extraordinaria. Además, la reforma constitucional de 2026 complicó el diseño del proceso: la papeleta agrupó cinco elecciones distintas, permitió hasta 12 opciones por elector y llegó a medir cerca de 42 cm por 44 cm, lo que aumentó la posibilidad de errores y observaciones en las actas. El resultado es un volumen de documentación físico que exige revisión manual y múltiples niveles de impugnación.
Incidencias en Lima y reacciones políticas
La falta de apertura de mesas electorales en la capital encendió críticas y protestas contra la ONPE y su entonces jefe, Piero Corvetto, cuya gestión fue denunciada por el JNE ante la Fiscalía y terminó con su renuncia. El candidato Rafael López Aliaga denunció sin pruebas un supuesto «fraude» y exigió la anulación de comicios, llamando a manifestaciones; su postura, junto con las quejas de otros partidos, ha aumentado la tensión política. No obstante, observadores internacionales destacaron que, pese a los retrasos, en general no se registraron irregularidades masivas que invaliden el proceso.
Procesos técnicos: actas, impugnaciones y jurisdicción electoral
Las actas observadas —aquellas con errores formales, sumas dudosas, firmas faltantes o cifras ilegibles— se apartan del conteo hasta que los JEE emiten una resolución. Las impugnaciones pueden cuestionar votos concretos por motivos como marcas fuera del recuadro o dudas sobre la identidad del elector; estas disputas suelen apelarse posteriormente ante el JNE, compuesto por cinco magistrados que tienen la última palabra. Un cuello de botella clave es la remisión tardía de actas desde las oficinas descentralizadas de la ONPE hacia los JEE y el JNE para el cotejo correspondiente: hasta ahora solo se han recibido unas 15.000 actas del universo esperado, lo que retrasa la contabilización final.
Contexto histórico y evaluación internacional
Perú no es ajeno a demoras en la proclamación de resultados. En 2026, la declaración de la victoria de Pedro Castillo se confirmó finalmente el 19 de julio tras semanas de impugnaciones; y en 2006 la definición entre Alan García y Lourdes Flores Nano también se resolvió tras más de dos semanas de revisiones. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó estos comicios como «las más complejas en la historia reciente» del país y señaló que el escrutinio fue en general transparente aunque afectado por la complejidad normativa y la preparación insuficiente del personal, según palabras de su jefa, Annalisa Corrado.
Riesgos políticos y expectativas
La prolongación del conteo y las acusaciones sin pruebas amenazan con aumentar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones en un país que elige a su noveno presidente en una década. Si bien expertos sostienen que ha habido irregularidades logísticas, la evidencia de un fraude generalizado no ha sido demostrada; sin embargo, la prisa por la certeza choca con la necesidad de que cada acta observada sea revisada con rigor. Por ahora, la frágil diferencia entre Sánchez y López Aliaga mantiene la expectativa nacional y internacional sobre cómo se resolverán los recursos y cuándo se determinará el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
