El 19 de abril, en la vereda La Laguna del municipio de Olaya Herrera (Nariño), cuatro menores que jugaban en un terreno improvisado resultaron lesionados al activar un campo minado. Los niños, cuyas edades oscilan entre 2 y 6 años y entre ellos un menor de 5 años, fueron atendidos inicialmente en centros de salud de la zona y algunos trasladados por vía aérea en una operación coordinada por la Fuerza de Tarea Hércules. La detonación generó pánico entre los habitantes de la vereda y movilizó a unidades militares y personal médico para socorrer a las víctimas.
Los testimonios de vecinos describen la escena como un estallido que se mezcló con los gritos y la confusión, mientras los familiares y soldados trabajaban por estabilizar a los niños. En medio de la emergencia, la prioridad fue garantizar una evacuación aeromédica segura y rápida hacia centros que ofrecieran atención vascular y de trauma pediátrico. La complejidad de las lesiones obligó a remitir con urgencia a tres de los menores al Hospital Universitario del Valle (HUV), en la ciudad de Cali, mientras que el cuarto recibió atención en Tumaco con reporte de aturdimiento.
Qué pasó en la vereda La Laguna
Según los reportes, los menores jugaban fútbol en un espacio cercano a sus viviendas cuando, sin advertirlo, activaron un artefacto enterrado. La presencia de estas trampas en zonas rurales es una amenaza persistente para comunidades que viven alejadas de servicios básicos. Las autoridades han catalogado el suceso como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al exponer deliberadamente a población civil, en especial a la infancia. Organizaciones locales y militares señalaron que en la zona operan estructuras armadas que, según información de inteligencia, podrían haber sembrado los artefactos.
Situación inicial de los menores
Tras la explosión, los primeros auxilios fueron suministrados por personal local y equipos de salud de la región. Un niño de 5 años fue atendido en la clínica Puente del Medio de Tumaco, donde se activaron los protocolos de manejo de trauma pediátrico. Las instituciones médicas informaron que se brindó acompañamiento humanizado a las familias y que un equipo interdisciplinario estabilizó a los pacientes para el traslado. Debido a la gravedad de algunas heridas, se priorizó el traslado a instalaciones con capacidad de cirugía vascular y de ortopedia pediátrica.
Atención médica y traslados
La respuesta institucional incluyó la movilización de recursos aeromédicos: helicópteros de la Armada y apoyo de la Aviación del Ejército permitieron transportar a los menores y a un familiar hasta centros con mayor complejidad. En Cali, los equipos del HUV recibieron a tres de los niños y realizaron procedimientos quirúrgicos iniciales para controlar hemorragias y evaluar el daño en extremidades. Los profesionales han expresado que están haciendo esfuerzos significativos por preservar las extremidades afectadas y evitar amputaciones, puesto que las lesiones por minas suelen comprometer vasos sanguíneos y tejidos.
Diagnóstico y pronóstico
Autoridades sanitarias locales señalaron que, aunque algunos pacientes están hemodinámicamente estables, las heridas requieren intervenciones de alta complejidad. Los médicos se enfocan en salvar extremidades y en prevenir infecciones, secuelas comunes tras detonaciones. El tratamiento incluye cirugía reconstructiva, manejo del dolor y rehabilitación temprana. Además, se ha activado el acompañamiento psicosocial para los familiares, dada la gravedad del suceso y su impacto emocional en la comunidad.
Responsabilidad y reacciones públicas
Las fuerzas armadas han rechazado el hecho y lo calificaron como una conducta que vulnera el Derecho Internacional Humanitario. La Tercera Brigada del Ejército y la Fuerza de Tarea hicieron un llamado a organismos internacionales y defensores de derechos humanos para repudiar la utilización de minas antipersona por parte de grupos al margen de la ley. Autoridades regionales, incluido el gobernador de Nariño, manifestaron su condena y lamentaron que la niñez sufra las consecuencias de la violencia armada en la zona.
Llamado a la protección de la infancia
Organismos locales y nacionales insisten en la necesidad de medidas preventivas para proteger a comunidades rurales: desminado humanitario, campañas de sensibilización y mayores garantías de seguridad. Mientras tanto, la prioridad médica sigue siendo la recuperación de los menores y el apoyo a sus familias. Este episodio reaviva la preocupación por los riesgos que enfrentan los niños en territorios con presencia de artefactos explosivos, y la urgencia de acciones coordinadas para evitar nuevas tragedias.
