En la capital y sus zonas periurbanas el transporte en colectivos funciona con frecuencias menores, una situación que deriva de la combinación entre el encarecimiento del combustible y la demora en los pagos de subsidios. El ajuste ha llevado a que centenares de pasajeros aguarden en filas extensas en los principales puntos de conexión entre la ciudad y el conurbano, trayendo a la superficie problemas operativos y sociales que afectan a unas dos millones de personas que se desplazan diariamente.
Empresas del sector reportaron recortes en la cantidad de unidades en circulación: algunas redujeron su flota entre un 20% y un 30%, y en otros casos el recorte llegó hasta el 40%, según el director de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Marcelo Pasciuto. Los operadores advierten que, sin medidas inmediatas, la situación podría empeorar en los próximos días y las frecuencias podrían bajar aún más.
Factores que explican la caída del servicio
Dos motivos principales explican la contracción del servicio: por un lado, la suba internacional del petróleo originada en la guerra en el Medio Oriente, que repercutió en los precios locales; por otro, el retraso en el pago de los subsidios que sostienen la operación de muchas empresas. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal indica que los precios del combustible subieron cerca de un 21% de media en marzo, lo que directamente impacta en la estructura de costos de las firmas de transporte.
Costos y respuesta empresarial
Los representantes del sector detallan el efecto en números: en enero el diésel tenía un precio de 1,700 pesos por litro (US$1.20), y hoy cotiza en torno a 2,100 pesos, lo que eleva considerablemente el gasto operativo de las empresas, explicó Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). A esto se suman los retrasos en los subsidios que, según fuentes del sector, se remontan a los últimos cuatro meses de 2026, un problema que tensiona la liquidez de los operadores.
Repercusiones en tarifas y demanda
La presión de costos también se tradujo en repetidos aumentos de tarifas: solo en marzo la tarifa de colectivos subió un 16%, lo que ha retraído la demanda. Fusaro señaló que en el mes en curso el flujo de pasajeros fue aproximadamente un 12% menor que el registrado un año atrás. Además, las cifras oficiales muestran que el transporte es uno de los rubros de mayor peso en los gastos familiares, dentro de un contexto en el que las facturas del hogar aumentaron cerca de un 600% desde que el presidente Javier Milei asumió en diciembre de 2026, en coincidencia con recortes de subsidios dentro de su programa de ajuste.
Respuesta oficial y posibilidades de normalización
Frente a la emergencia, la Secretaría de Transporte comunicó a última hora del martes que transferirá los subsidios adeudados a las empresas privadas en un plazo de 24 horas. Fuentes oficiales subrayaron que «los subsidios nacionales se pagarán a las empresas mañana, en el cuarto día hábil del mes» y agregaron que será responsabilidad de las firmas «restablecer el servicio y levantar cualquier amenaza de paro». En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, un vocero afirmó: «Estamos haciendo lo que hay que hacer: pagándoles y reuniéndonos con ellos«.
Escenario a corto plazo
Aunque el anuncio oficial puede aliviar la tensión inmediata, los operadores advierten que la solución será transitoria si no se corrigen los desequilibrios de fondo: la combinación de precios internacionales altos, tarifas que aún no compensan costos reales y el antecedente de pagos demorados mantienen al sector en una situación frágil. La red de transporte metropolitano cuenta con aproximadamente 17,000 vehículos, y la posibilidad de normalizar totalmente las frecuencias dependerá de la liquidez de las empresas y de la evolución del mercado del combustible.
En síntesis, el servicio de colectivos enfrenta un momento crítico: la suba del combustible y los retrasos en subsidios han contraído la oferta de unidades, generando colas, mayor presión sobre los usuarios y la necesidad de una intervención rápida y sostenida para evitar nuevos recortes que afecten la movilidad de millones de pasajeros.
