El 14 de abril de 2026 la Corte Suprema de Guatemala emitió una resolución que revoca las órdenes de arresto internacionales emitidas anteriormente contra la jefa de investigaciones de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. La decisión sostiene que la oficina del Fiscal General guatemalteco abusó de sus atribuciones al solicitar medidas penales que excedieron el marco procesal correspondiente. Este pronunciamiento devuelve a primer plano un caso que enlaza a la investigación sobre sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y pone en discusión prácticas procesales seguidas por tribunales inferiores.
La sentencia no solo afecta a las dos figuras colombianas: también modifica el estatus procesal de varios exfiscales guatemaltecos y exfuncionarios que figuraban en órdenes previas. Al declarar que la instancia de apelaciones excedió su mandato, la Corte Suprema anuló decisiones que habían calificado a algunos investigados como rebeldes y que, en la práctica, les impedían ejercer defensa efectiva. El fallo abre puertas a recursos y reexámenes de causas que durante años quedaron paralizadas por disputas institucionales.
Qué estableció la Corte Suprema
En su resolución, la Corte Suprema consideró que la Tercera Corte de Apelaciones actuó fuera de los límites que le correspondían cuando en mayo anterior ordenó procesar y emitir detenciones contra quienes investigaron el esquema de sobornos. El tribunal superior entendió que la apelación debía valorar exclusivamente la continuidad del juez de primera instancia y no dictar órdenes de captura adicionales. Con ello, la Corte concluyó que hubo una vexación procesal y decretó la nulidad de las medidas internacionales emitidas contra Camargo y Velásquez, dejando sin efecto además la condición de rebeldes que pesaba sobre varios exfiscales.
Quiénes se benefician y las reacciones
Además de Luz Adriana Camargo y Iván Velásquez, la resolución favorece a la exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana, a Juan Francisco Sandoval —exjefe de la FECI— y a otros exfiscales vinculados a la pesquisa sobre Odebrecht. Velásquez, quien ejerce funciones diplomáticas en el Vaticano, publicó en su cuenta de la red social X un comentario que celebró la decisión como un signo de cambio. Por su parte, Sandoval describió la resolución como una ventana de esperanza y subrayó que la admisión de recursos de apelación es un paso hacia la posible recuperación del estado de derecho en Guatemala.
Reacciones políticas
La sentencia también alimentó debates internos sobre la actuación de la actual fiscal general, Consuelo Porras, y el rumbo que ha tomado la administración judicial desde 2018. Porras ha sido objeto de sanciones internacionales y críticas por presuntas prácticas que, según detractores, han desmantelado unidades especializadas anticorrupción y forzado al exilio a fiscales independientes desde 2026. El presidente Bernardo Arévalo y otros actores políticos se han pronunciado sobre la improbabilidad de una reelección de la funcionaria, mientras que los exiliados observan la resolución con expectativas sobre posibles revisiones de sus casos.
Antecedentes y posibles consecuencias
El trasfondo de la controversia remite a la desaparición de la CICIG, la comisión internacional que desde 2007 colaboró en la investigación de altos casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad en Guatemala. La decisión presidencial de no renovar el mandato de la CICIG en 2019 marcó el inicio de un proceso de reversión institucional que, según críticos, se acentuó con la política del Ministerio Público bajo la conducción de Porras. La reciente resolución de la Corte Suprema podría frenar algunos de esos retrocesos y facilitar el reexamen de condenas y órdenes emitidas en contextos de alta polarización.
Implicaciones legales
Desde el punto de vista jurídico, la anulación de las órdenes internacionales implica que los involucrados recuperan la posibilidad de defenderse con mayor equidad y que los tribunales deberán revisar la legalidad de las medidas aplicadas por las instancias inferiores. El veredicto podría generar apelaciones y recursos adicionales, y obligar a las autoridades a aclarar procedimientos para el manejo de investigaciones transnacionales vinculadas a sobornos y contratos públicos. En términos prácticos, abre la puerta a que los exfiscales y funcionarios afectados soliciten la revisión de su situación procesal y, en algunos casos, su retorno desde el exilio.
