Un juez federal dictó una orden que limita las detenciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tres edificios judiciales de Manhattan: 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway. La resolución impide que los agentes arrestaran de forma rutinaria a personas que acuden a audiencias de inmigración, aunque establece salvaguardas para casos concretos en los que exista una amenaza grave a la seguridad pública o riesgo inminente.
La medida, emitida por el juez P. Kevin Castel, no constituye una prohibición con efecto nacional sino una restricción focalizada en esas tres sedes de Manhattan. El fallo subraya el equilibrio entre el interés del gobierno en hacer cumplir las leyes migratorias y la necesidad de que las personas puedan ejercer su derecho a solicitar asilo o defenderse en procedimientos sin vivir con el temor constante de ser detenidas.
Alcance de la orden y excepciones
La resolución limita las intervenciones de ICE tanto en el interior como en las inmediaciones inmediatas de los edificios señalados, pero contempla varias excepciones. Según la decisión judicial, los agentes pueden actuar si existe una situación que implique un peligro real para terceros, una amenaza inminente de violencia o riesgo de que se pierdan pruebas relevantes para causas penales. Fuera de ese perímetro, las normas habituales de detención federal permanecen vigentes, lo que significa que la agencia puede operar normalmente en otros lugares de la ciudad.
Quiénes impulsaron la demanda y sus argumentos
La acción judicial fue presentada por un conjunto de organizaciones que defienden los derechos civiles y de inmigrantes, entre ellas la Unión de Libertades Civiles de nueva york (NYCLU), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Make the Road NY, además de colectivos como African Communities Together y The Door. Los demandantes sostienen que las detenciones dentro de los juzgados generaban un estado de intimidación y trauma que afectaba la integridad del proceso judicial y disuadía a las personas de acudir a sus audiencias.
Evidencia y análisis sobre operativos
Estudios y números
Como parte del debate, se citó un análisis independiente del matemático Joseph Gunther, que detectó cerca de 2.400 operativos del ICE a nivel nacional relacionados con cortes de inmigración, con un foco notable en la ciudad de Nueva York, donde se reportaron aproximadamente 460 intervenciones. Ese estudio también indicó que la mayoría de las detenciones eran por cargos civiles de inmigración, lo que alimentó la crítica de que se trataba de una práctica punitiva aplicada en espacios judiciales.
Declaraciones públicas y errores procesales
Durante el litigio, los abogados del gobierno reconocieron una declaración materialmente errónea sobre la aplicabilidad de ciertas políticas, lo que llevó al juez a concluir que era necesario corregir un error y evitar una injusticia. También se mencionó un memorando de 2026 que, aunque se consideró relevante para la práctica, no llegó a aplicarse en estos tribunales de la manera que se había defendido inicialmente.
Reacciones, arrestos y próximo rumbo judicial
Tras el fallo, organizaciones y defensores celebraron lo que calificaron de avance para la protección de los derechos de las personas migrantes. No obstante, al día siguiente se reportó un arresto en uno de los edificios amparados por la orden, situación que puso en duda la implementación inmediata de la restricción. Grupos como la New York Legal Assistance Group (NYLAG) anunciaron que presentarían recursos para obtener la liberación de los detenidos y revisar si la actuación encajó en las excepciones previstas.
Las autoridades federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), han evitado emitir comentarios amplios sobre el fallo; DHS había criticado la medida y señaló que la detención de extranjeros tras sus procedimientos de expulsión es una práctica habitual. Mientras tanto, el caso principal sigue en curso y la orden temporal podría abrir paso a decisiones con efectos más duraderos según avance la demanda.
En resumen, la decisión del juez P. Kevin Castel sitúa un freno selectivo a las detenciones de ICE en tres cortes de Manhattan y provoca un debate sobre cómo equilibrar la seguridad pública con el acceso efectivo a la justicia para personas migrantes. El desenlace del proceso judicial principal determinará si las restricciones se amplían, se mantienen o se modifican.
