Un colectivo de más de quince organizaciones de la sociedad civil entregó dos cartas dirigidas a la administración de Lula para que el Pronaf sea incorporado y fortalecido en el diseño del Plano Safra para el biénio 2026/2027. Estas misivas plantean cambios técnicos y operativos con el objetivo de llevar recursos a más productores de menor escala. El gobierno federal anunció que la próxima edición del plan será dada a conocer en junio, y los grupos esperan que sus recomendaciones influyan en la redacción final.
En paralelo, las cooperativas agropecuarias y de crédito formularon una propuesta amplia que reclama un volumen total de R$ 674 bilhões para el Plano Safra 2026/2027, con énfasis en la equalización de tasas y en el rol de las cooperativas como canal prioritario de financiamiento. Esa cifra contrasta con los cerca de R$ 594 bilhões destinados en la campaña 2026/2026, y busca revertir la pérdida de alcance del crédito público frente al encarecimiento financiero.
Recomendaciones de la sociedad civil
Las dos cartas presentadas incluyen prioridades distintas pero complementarias. Una respalda las indicaciones de la Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, coordinada por Agroicone, que sugiere medidas para la recuperación de pastizales degradados y su conversión en sistemas productivos más resilientes. La otra carta apoya las propuestas del Observatório das Economias da Sociobiodiversidade (ÓSocioBio), bajo la coordinación de Conexsus, que promueve la diversificación de acceso al crédito para alcanzar a más agricultores familiares y pescadores.
Propuesta de las cooperativas: cifras y estructura
El documento de las cooperativas, articulado por el Sistema OCB, plantea una asignación de R$ 520 bilhões para custeio y comercialización, R$ 154 bilhões para inversiones y agroindustrialización, y R$ 27 bilhões específicamente para la equalización de juros. Además, consideran al seguro rural como prioridad, proponiendo dotaciones de R$ 4 bilhões para 2026 y R$ 4,5 bilhões para 2027, con la intención de proteger ingresos frente a riesgos climáticos y de mercado.
Condiciones de financiación y tasas sugeridas
Las tasas propuestas varían según programas y perfiles: para el Pronaf se sugiere un rango entre 0,5% y 6% anual, con límites de contratación que irían de R$ 400 mil a R$ 700 mil. En el caso del Pronamp, la propuesta contempla 8% anual tanto para custeio como para inversión, con topes de R$ 2 millones en custeio y R$ 800 mil en inversiones. Para otros productores y cooperativas, se plantean tasas que pueden alcanzar 11% anual y límites de hasta R$ 6 millones en custeio.
Líneas de inversión y límites
En inversión, las cooperativas piden inclusión y ampliación de líneas como Moderfrota, Proirriga, RenovAgro y PCA. Por ejemplo, se propone dotar al RenovAgro con R$ 10 bilhões a 8% anual, con límites de hasta R$ 5 millones por beneficiario y R$ 45 millones para proyectos colectivos. Para el PCA se solicita financiación de R$ 9 bilhões a 9% anual y límites por operación de R$ 250 millones, además de un paquete de R$ 4 bilhões a 8% anual para estructuras menores, con tope de 12 mil toneladas y límite de R$ 50 millones.
Fortalecimiento institucional y desafíos fiscales
Las cooperativas argumentan que su presencia es clave: actúan como única institución financiera en más de 464 municipios y concentran más del 50% de la cosecha de granos en determinados segmentos, además de posiciones relevantes en cadenas como trigo, café y proteínas. Por ello piden acceso pleno al Pronaf para cooperativas con más del 60% de socios familiares, y ajustes en los límites de ingresos: elevar el tope del Pronaf de R$ 500 mil a R$ 750 mil, y el del Pronamp de R$ 3,5 millones a R$ 4 millones.
Limitaciones presupuestarias
El documento reconoce la tensión fiscal: con una Selic elevada, el costo para el Tesoro de subsidiar tasas crece y condiciona la expansión del programa. En un escenario de recursos limitados, la tendencia gubernamental descrita en los bastidores apunta a un ajuste del Plano Safra cercano a la corrección por inflación, lo que podría encarecer y restringir el crédito sin un refuerzo presupuestario adicional.
Finalmente, las cartas de las organizaciones y la propuesta de las cooperativas fueron entregadas a los ministerios competentes: el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar y el Ministerio de Hacienda. Ambos bloques esperan que sus planteamientos —desde la recuperación de pastizales hasta la diversificación del acceso al crédito y el fortalecimiento de las cooperativas— sean considerados en la versión final del Plano Safra.
