Un grupo de empresas vinculadas a la industria del dragado, con respaldo financiero de KKR, elevó una carta a la Casa Blanca denunciando condiciones que considera injustas en la licitación de la hidrovía del Paraná. La misiva, fechada el 11 de mayo, coincide con la visita a Washington de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, quien se reunió con funcionarios estadounidenses para abordar el proceso. El contrato en disputa es considerado estratégico y podría atraer cerca de US$10.000 millones en inversiones si se adjudica bajo términos que favorezcan el dragado y la balizamiento del río.
El reclamo y sus destinatarios
En la carta, los firmantes pidieron una «intervención oportuna» ante lo que describen como un avance del proceso que beneficia a un único competidor. El documento fue dirigido a Michael Jensen, asesor presidencial y director senior para asuntos del hemisferio occidental en el National Security Council, quien mantuvo una reunión con Caputo. Según fuentes consultadas, en ese encuentro Jensen no planteó objeciones públicas sobre la licitación, aunque el consorcio entiende que una mirada norteamericana podría ser decisiva antes de que el procedimiento se cierre, con un ganador potencialmente anunciado en mayo o junio.
Actores y apoyos financieros
El consorcio denunciador está encabezado por la belga DEME Group NV y suma al estadounidense Great Lakes Dredge & Dock y a la firma inversora Clear Street Group Inc., con el respaldo financiero de KKR. Además, el grupo fue aceptado en el Advocacy Center del Departamento de Comercio de Estados Unidos, un mecanismo que facilita apoyo oficial a empresas que compiten en contratos internacionales. Las entidades Development Finance Corp y International Finance Corp remitieron cartas expresando su disposición a financiar el proyecto si el consorcio resultara adjudicatario, un punto que subraya las consecuencias económicas que perciben los actores internacionales.
Tensiones técnicas y geopolíticas
El fondo de la controversia es técnico y político a la vez: la licitación veta a empresas controladas por estados, una cláusula que deja fuera, en la práctica, a competidores estatales chinos como la CCCC Shanghai Dredging. Para los firmantes, otras exigencias del pliego —como un precio mínimo y criterios de experiencia— habrían favorecido a la competencia histórica en la vía, la belga Jan De Nul, que opera en la zona desde la década de 1990 y compite junto a la argentina Servimagnus SA. Ese trasfondo alimenta interpretaciones sobre un alineamiento del gobierno argentino con intereses estadounidenses en el sector de infraestructura.
Cuestiones técnicas en disputa
Entre los puntos puntuales que el consorcio objetó figura la descalificación de ocho de los nueve proyectos que DEME presentó para acreditar su experiencia, además de la evaluación de miles de páginas de documentación en plazos que, según el reclamo, sugieren un análisis con *resultado predeterminado*. Por su parte, la autoridad a cargo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, sostuvo que muchas presentaciones estaban incompletas y que la normativa y el marco legal acordado por las partes impiden modificaciones tardías en las ofertas. También hay mención de una fianza de impugnación de US$10 millones que algunos consideran un elemento que condicionó la posibilidad de impugnar formalmente decisiones del proceso.
Impacto económico y próximos pasos
La Vía Navegable Troncal (VNT) es la arteria de salida del 80% del comercio de granos del país, por lo que la profundidad y previsibilidad del canal influyen en competitividad y costos logísticos. Años de sequía y de licitaciones fallidas han reducido calados y encarecido el transporte marítimo. El contrato en disputa, además de las obras periódicas de dragado, contempla inversiones millonarias durante la concesión que el Ejecutivo espera monetizar a través de privatizaciones y concesiones. Si persiste la sensación de parcialidad, advierten los firmantes, podría ahuyentar inversión extranjera y enviar una señal negativa sobre las reglas de juego en Argentina.
En las próximas semanas la autoridad evaluadora deberá resolver objeciones técnicas y económicas y, en paralelo, las presiones diplomáticas y empresariales podrían intensificarse. Mientras tanto, actores como el embajador Peter Lamelas aseguran supervisión estrecha y confianza en la transparencia del proceso, y las empresas involucradas siguen defendiendo la legalidad y competitividad de sus propuestas. El desenlace tendrá impacto concreto en la logística agroexportadora y en la percepción internacional sobre la capacidad de Argentina para atraer inversión extranjera de gran escala.
