El Congreso Nacional decidió derrocar el veto del presidente Lula al PL da Dosimetria, una medida que volvió a polarizar el debate público y jurídico. La votación en sesiones conjuntas culminó con la aprobación del proyecto, y la norma se encaminó hacia su promulgación. En respuesta, la exministra del Medio Ambiente Marina Silva expresó su rechazo durante un acto del VAT (Vida Além do Trabalho) celebrado en la praça Roosevelt de São Paulo el 1° de mayo de 2026, advirtiendo que quienes atentaron contra la democracia no deben ver reducidas sus penas.
Qué modifica el proyecto y a quiénes beneficia
El texto aprobado introduce cambios en la dosimetría de la pena: limita la acumulación de penas cuando concurren ciertos delitos y establece fórmulas para reducir sanciones en contextos de aglomeración, salvo para quienes financiaron o dirigieron los hechos. Según el ministro del STF Alexandre de Moraes, el impacto podría alcanzar a unas 190 personas condenadas por actos antidemocráticos, entre ellas el ex presidente Jair Bolsonaro. La propuesta prevé, entre otros puntos, aplicar la pena del delito más grave con un incremento parcial y, en circunstancias de multitud, rebajas de uno a dos tercios si el acusado no fue líder ni patrocinador.
Cómo se aprobó y los siguientes pasos
La aprobación tuvo números claros: en la Cámara de Diputados la derriba del veto reunió 318 votos a favor y 144 en contra; en el Senado, 49 apoyaron la medida frente a 24 que la rechazaron. Para vencer el veto se requerían al menos 257 votos en la Cámara y 41 en el Senado, umbrales que se superaron. Tras la votación, la norma será enviada para su promulgación: el presidente Lula dispone de 48 horas para firmarla; si no lo hace, esa atribución pasa al presidente del Senado y luego al vicepresidente de la Casa. Incluso una vez vigente, el texto podrá ser objetado ante el STF mediante recursos que cuestionen su constitucionalidad.
Una maniobra parlamentaria que influyó en el resultado
Antes de la deliberación final se produjo una maniobra: se apartó del examen congresual un fragmento del proyecto que chocaba con la denominada Lei Antifacção, norma que endurece condiciones para la progresión de régimen. El senador que promovió esa separación buscó evitar que la aprobación del PL reintrodujera disposiciones más benévolas que hubiesen facilitado la progresión para delitos graves. La eliminación de ese tramo fue clave para permitir la votación del resto del texto sin afectar otras reglas penales vigentes.
Reacciones políticas y jurídicas
En el acto del 1° de mayo, Marina Silva calificó como «una vergüenza» la decisión del Congreso y sostuvo que “la pena para ellos no debería ser menor, debería ser mayor”, en alusión a quienes participaron en ataques contra la democracia. Silva, que dejó su cargo ministerial este año para competir en las elecciones, habló frente a simpatizantes y dirigentes sindicales y destacó la gravedad simbólica de la medida. Entre la multitud, también se observó rechazo popular a personas vinculadas al proyecto: el diputado y relator en la Cámara, Paulinho da Força, prefirió no subir al estrado a pesar de haber sido anunciado, y hubo carteles críticos contra el PL.
Análisis de constitucionalidad
El abogado constitucionalista Adib Kassuf Sad ha señalado que, una vez convertida en ley, la norma comenzará a producir efectos en el ordenamiento jurídico, pero su aplicación concreta depende de solicitudes individuales: cada condenado deberá pedir que se verifique si las nuevas reglas le son aplicables. Sad distingue entre una posible inconstitucionalidad formal (defectos de tramitación) y una inconstitucionalidad material (violación de principios como el Estado de derecho), y opina que, en principio, no ve elementos claros que la anulen, aunque dejó la puerta abierta a acciones directas de inconstitucionalidad ante el STF.
Implicaciones políticas
La votación ocurrió en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, y abre un circuito de consecuencias: desde solicitudes individuales de revisión en tribunales hasta un posible choque institucional en el STF. Además, la norma obliga a jueces y autoridades penitenciarias a recalcular penas y evaluar progresiones de régimen caso por caso. Mientras algunos sectores celebran la reforma como corrección técnica, otros la consideran un retroceso que puede beneficiar a condenados por intentos de subvertir el orden democrático.
