En la periferia de Santa Fe vive un hombre de 61 años que, según su declaración, se gana la vida como changarín instalando aires acondicionados; sin embargo, su nombre aparece como presidente de una casa de cambio llamada Centenera. Esa sociedad generó movimientos por miles de millones de pesos en el mercado del dólar blue y quedó incluida en una listado de más de treinta empresas que están bajo la lupa judicial. El contraste entre la vida cotidiana del titular y el volumen de operaciones desencadenó una investigación que combina registros contables, audios y múltiples allanamientos.
Los procesos judiciales involucrados están a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Ariel Lijo, y además hay otra pesquisa en la órbita de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli. Las causas exploran desde la mecánica operativa que permitió comprar divisas oficiales y venderlas en el circuito informal hasta posibles pagos indebidos para obtener permisos de importación vinculados al sistema conocido como SIRA.
El perfil de Centenera y los movimientos detectados
Según documentación societaria, Centenera incorporó a su directorio a este hombre en noviembre de 2026 y registró una composición de capital inicial por cinco millones de pesos. En los primeros seis meses de 2026 la casa de cambio consignó ventas por aproximadamente $9.200 millones y compras por cerca de $11.100 millones, cifras que llamaron la atención del Banco Central. Tras ese semestre la entidad dejó de operar activamente, aunque los registros ya habían mostrado una intensa actividad financiera que ahora se investiga para determinar origen y destino de fondos.
Cómo operaba el supuesto rulo financiero
La hipótesis central apunta al llamado rulo, una práctica en la que se obtiene acceso a dólares al tipo oficial y luego se los coloca en el mercado paralelo con un margen. En términos operativos, la maniobra implicaba inyectar pesos en la cuenta de una casa de cambio, transferir esos fondos a otras entidades y, desde allí, adquirir divisas en el BCRA para que luego circularan hacia actores del circuito informal. Fuentes judiciales describen el proceso como un pasamanos que involucró a varias operadoras y dejó rastros en las cuentas intervinientes.
Audios, allanamientos y la investigación en curso
La causa se profundizó después del hallazgo de un pendrive que contenía audios atribuidos a personas del entorno financiero. En esas grabaciones se escuchan referencias a la existencia de complicidades internas y menciones a figuras vinculadas al circuito cambiario. Esos elementos motivaron una primera tanda de allanamientos a funcionarios del área responsable de supervisar casas de cambio en el Banco Central; se secuestraron teléfonos y computadoras que luego fueron peritados. Posteriores procedimientos, realizados en marzo, buscaron documentación relacionada con una veintena de empresas.
Empresas, transferencias y cifras bajo sospecha
Entre las firmas señaladas aparecen nombres como Gallo Cambios, Mega Latina, Arg Exchange, Xinergia y la propia Centenera. Un informe del Banco Central consignó que Gallo Cambios vendió cerca de US$474 millones, buena parte en billete a otras operadoras, y que un porcentaje significativo de esas ventas terminó en actores del mercado informal. Además, otra investigación detalló que entre enero y agosto de 2026 diecisiete casas de cambio recibieron un total de 141.596.000.000 pesos provenientes de miles de personas físicas y cientos de personas jurídicas, montos que ahora se analizan para determinar si al menos una porción tuvo origen ilícito.
En paralelo, la pesquisa también indaga sobre presuntas coimas que habrían oscilar entre el 10% y el 15% para facilitar permisos de importación durante la etapa del SIRA, un mecanismo que rigió entre octubre de 2026 y diciembre de 2026. El fiscal Picardi solicitó informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al BCRA, y pidió el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de varias personas y sociedades relacionadas.
Estado procesal y expectativas
Los expedientes se encuentran con medidas de reserva procesal y prórrogas del secreto de sumario, decisiones tomadas por la justicia para preservar la investigación y evitar filtraciones que puedan obstruir la recolección de pruebas. Mientras tanto, las pericias sobre dispositivos y documentación siguen aportando información que podría derivar en imputaciones formales. La causa mantiene abiertas incógnitas sobre quiénes eran los verdaderos controladores detrás de algunas sociedades y hasta qué punto la operatoria se articuló con funcionarios responsables de la supervisión del sistema cambiario.
En los próximos pasos, la comprobación documental y el análisis de los flujos financieros serán clave para establecer responsabilidades penales y administrativas. La combinación de declaraciones de testigos, registros contables y peritajes informáticos determinará si el esquema detectado fue una red organizada destinada a lucrar con la diferencia entre tipos de cambio o si se trató de operaciones con respaldo formal pero con irregularidades que justifiquen sanciones.
