En los últimos años la política de mantener la gasolina a precios contenibles ha significado un desembolso considerable para el Estado. Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportados por El Universal, desde 2018 hasta la fecha se han destinado 853 mil millones de pesos en estímulos fiscales para evitar incrementos abruptos en las estaciones de servicio. Esta cifra, en términos comparativos, equivale al costo conjunto de obras como Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA.
La estrategia cobra nueva relevancia en 2026: a partir de marzo el gobierno reactivó apoyos frente a la inestabilidad en Medio Oriente —con enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y tensiones en el estrecho de Ormuz— y actualmente se destina cerca de 5 mil millones de pesos por semana. En las primeras cuatro semanas tras la reactivación ese esfuerzo sumó alrededor de 20 mil millones de pesos, y las proyecciones plantean que, si se mantiene esa dinámica, 2026 podría cerrar con más de 200 mil millones en estímulos.
La factura acumulada y su comparación con megaproyectos
Para dimensionar los 853 mil millones destinados desde 2018 hay que verlos contra proyectos emblemáticos de la administración actual. El monto es comparable al costo conjunto de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA. Este paralelismo subraya hasta qué punto la política de subsidiar combustibles ha sido una prioridad en términos de gasto público, al punto de competir con inversiones físicas en infraestructura.
Desglose anual del gasto
El desembolso no fue uniforme y respondió a eventos globales: 2018: 69 mil 322 millones; 2019: 28 mil 525 millones; 2026: 3 mil 689 millones (caída por la pandemia); 2026: 88 mil 590 millones (reactivación económica); 2026: 397 mil 600 millones (récord por la guerra Rusia-Ucrania); 2026: 124 mil 100 millones; 2026: 121 mil 577 millones; 2026: gasto mínimo por solo 13 semanas de estímulos; 2026: proyectado por encima de 200 mil millones si continúan los 5 mil millones semanales. Estos montos muestran la sensibilidad del presupuesto a crisis internacionales.
Cómo operan los estímulos y el impacto directo en el consumidor
Los apoyos funcionan como un mecanismo para absorber parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y así evitar traspasar aumentos inmediatos al precio final en bomba. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la medida como protección al poder adquisitivo: sin esos apoyos, dijo, el litro podría ubicarse “entre 30 y 33 pesos”. Para la semana del 11 al 17 de abril el estímulo fiscal permitió descuentos de 1.80 pesos por litro en gasolina magna y de hasta 5.91 pesos en diésel.
Ajuste del 18 al 24 de abril y distribución de apoyos
Tras varias semanas de apoyo continuo Hacienda redujo los estímulos ante una menor presión internacional. Para el periodo del 18 al 24 de abril los porcentajes quedaron así: diésel 43.17% y gasolina regular 11.67%. En términos monetarios, el gobierno cubre 3.18 pesos por litro de diésel y el consumidor paga 4.18 pesos por litro; en gasolina regular el apoyo es de 0.78 pesos por litro y el consumidor asume 5.91 pesos por litro. El diésel suele recibir mayor respaldo dado su rol clave en transporte y logística.
Origen de los recursos y riesgos para el presupuesto
Para financiar estos estímulos el gobierno ha recurrido a los excedentes petroleros que obtiene Pemex, canalizados a través del denominado Derecho para el Bienestar. Aunque esa fuente ha permitido sostener la política por años, especialistas advierten que su prolongación en contextos de conflicto internacional y alta volatilidad del crudo puede tensionar la capacidad fiscal. Si las crisis se extienden, la resistencia de las finanzas públicas se pondrá a prueba y habrá que evaluar la sostenibilidad de absorber gran parte del IEPS de forma recurrente.
En resumen, mantener los combustibles subsidiados ha costado tanto como construir tres grandes obras del país y depende de variables externas que han marcado picos de gasto en 2026 y ahora en 2026. La decisión de reducir o ampliar apoyos seguirá atada al comportamiento del mercado internacional, la disponibilidad de recursos de Pemex y la prioridad que el gobierno conceda a proteger el bolsillo de las familias frente a choques externos.
