El Ejecutivo de Javier milei se encuentra atravesando una etapa de tensión judicial con al menos cinco investigaciones que afectan a funcionarios y empresas estatales. Estas causas abarcan desde la sospecha de ilícito enriquecimiento hasta movimientos financieros y contrataciones cuestionadas, e incluyen el caso del jefe de Gabinete, denuncias ligadas a una criptomoneda bautizada como $LIBRA, irregularidades en compras de la ex ANDIS, gastos con tarjetas corporativas en Nucleoeléctrica SA y créditos hipotecarios en Banco Nación.
Las pesquisas involucran a fiscales y jueces federales de la órbita de Comodoro Py y ya muestran intercambio de pruebas digitales como archivos Excel y conversaciones por Whatsapp. Aunque los procesos siguen su curso, fuentes judiciales resaltan que la acumulación de datos y testimonios transforma a estos expedientes en causas complejas y con potencial de avance significativo.
Las causas principales y sus responsables
El expediente más seguido es el que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto ilícito enriquecimiento. Esa causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes ordenaron analizar comunicaciones vinculadas a la productora IMHouse y figuras como Marcelo Grandio y Horacio Silva. En paralelo, el caso ligado a la criptomoneda $LIBRA lo llevan el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, mientras que la investigación sobre la facturación y precios en la extinta ANDIS corresponde al fiscal Franco Picardi y tiene actuación previa del juez Sebastián Casanello.
Por otro lado, la causa contra Nucleoeléctrica SA por gastos con tarjetas corporativas está a cargo del fiscal Ramiro González ante el juez Sebastián Ramos, y esta semana se inició la investigación sobre el ex presidente Demian Reidel. Finalmente, la pesquisa sobre créditos hipotecarios en Banco Nación enfrenta hoy una disputa de competencia entre la jueza María Eugenia Capuchetti y el juez Ariel Lijo, conflicto que deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones.
Pruebas documentales y testimonios reveladores
Registros, archivos y mensajes
Entre las pruebas que ya llegaron al expediente figuran listados de gastos en formato Excel y conversaciones por Whatsapp que aportan trazabilidad sobre pagos y obras. El arquitecto Matías Tabar declaró ante Pollicita el 4 de mayo, aportando un documento con partidas y el detalle de comunicaciones con Adorni, además de afirmar que recibió US$245.000 en efectivo por reformas en la residencia del jefe de Gabinete. Ese testimonio fue uno de los platos fuertes que disparó cuestionamientos mediáticos y judiciales.
Operaciones inmobiliarias y vínculos personales
Las actuaciones también registran movimientos vinculados a compras de inmuebles y deudas entre cercanos. El 6 de mayo Leandro Miano ratificó ante Pollicita declaraciones de su socio Pablo Martín Feijoo sobre un saldo de US$65.000 relacionado con un departamento en Caballito donde vive Adorni. Feijoo, socio en TJS Group y Avda SRL, explicó a la Fiscalía detalles de la operatoria que incluyó un crédito sin intereses de US$200.000 a favor de pensioneras que intervinieron en la venta. Además, fuentes fiscales sumaron información patrimonial como herencias y terrenos en Daireaux que forman parte del análisis.
Contexto institucional, disputas y posibles pasos a seguir
En el Palacio de Tribunales destacan que las causas tienen impulso propio y que la presencia de documentación sustentatoria complica las estrategias de defensa. Existe además una marcada tensión por la jurisdicción en algunos expedientes, en especial en el de Banco Nación, cuya definición por la Cámara Federal resultará clave para el ritmo procesal. Fuentes judiciales sostienen que algunos testigos podrían presentarse voluntariamente a declarar, lo que aceleraría ciertos capítulos de las investigaciones.
En el plano político, los episodios ya generan réplicas: medios afines al Gobierno cuestionaron al arquitecto Tabar y lo tildaron de militante, aunque una nota en Perfil de Juan Cruz Soqueira señaló que su trayectoria pública muestra posiciones diversas. En los tribunales, en cambio, subrayan que esto no debe interpretarse como una revancha político-judicial: la investigación seguirá su cauce y nadie anticipa resultados concretos hasta que las pruebas y las audiencias definan el rumbo.
Conclusión
El entramado judicial que rodea al Ejecutivo reúne expedientes heterogéneos pero conectados por la presencia de funcionarios, empresas estatales y flujos de dinero cuestionados. Mientras avanzan los cruces documentales y los testimonios clave aportan detalles —como las declaraciones del 4 y 6 de mayo—, la trama continuará desarrollándose en tribunales donde, por ahora, impera la incertidumbre sobre eventuales resoluciones finales.
