La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó una decisión que redefine cómo una embotelladora vinculada a Coca-Cola opera en la microcuenca de La Calera. Según la resolución, la compañía conocida como Indega perdió autorización para explotar tres de los siete manantiales que venía usando, además de ver limitado el caudal en los cuatro restantes. La medida responde a estudios técnicos y a la necesidad de priorizar el agua para consumo humano ante escenarios de escasez y la influencia del cambio climático en la disponibilidad hídrica.
La resolución fija nuevas reglas sobre la duración de los permisos, el volumen permitido y obligaciones ambientales complementarias. Entre las exigencias se incluyen la compra y restauración de áreas de páramo y bosque andino, así como la obligación de garantizar fuentes alternativas de agua para las comunidades del sector. Estas condiciones buscan equilibrar la actividad industrial con la protección de la cuenca y el acceso de la población local al recurso.
Qué determinó la resolución de la CAR
La entidad oficial secundó un análisis hidrológico que llevó a modificar la concesión: se niega la prórroga en tres manantiales y se autoriza captación solo en cuatro, reduciendo el caudal de 3,23 a 1,9 litros por segundo, una disminución cercana al 42 %. Además, se acorta el plazo de la concesión de los habituales diez años a un periodo de cinco años, tras el cual se realizará una nueva evaluación de viabilidad. La resolución también incluye cláusulas para suspender captaciones en condiciones críticas como sequías o fenómenos extremos.
Restricciones temporales y operativas
El cambio de plazos implica que la embotelladora deberá someterse a revisiones más frecuentes y demostrar que su actividad no compromete el abastecimiento municipal. La CAR exige que, durante periodos de estrés hídrico, la prioridad sea el suministro a la población, por lo que ordena la suspensión de captaciones en caso de condiciones críticas. Estas medidas pretenden adaptar la concesión a la nueva realidad hidroclimática y a la disponibilidad efectiva en la microcuenca de La Calera.
Obligaciones ambientales y reparaciones exigidas
Más allá de limitar fuentes y caudal, la resolución obliga a la embotelladora a realizar acciones de reparación ambiental. Entre los requerimientos figura la adquisición y restauración de más de 53 hectáreas de páramos y bosques altoandinos, ecosistemas clave para la regulación hídrica. También se establece la creación de un sistema alternativo de abastecimiento dirigido a las comunidades, con el fin de mitigar impactos y asegurar que la extracción no desplace el acceso al agua potable.
Compromisos para la comunidad
La empresa deberá probar que su operación incorpora medidas de mitigación y que facilita el acceso al recurso en la zona. La CAR enfatiza que el uso del agua para procesos industriales debe subordinarse al consumo humano y a la conservación de funciones ecosistémicas. Estas obligaciones pretenden no solo limitar la extracción sino también reparar y fortalecer la cuenca para mejorar su resiliencia frente al cambio climático.
Contexto, cifras y controversias
Investigaciones periodísticas previas resaltaron la baja tarifa pagada por la captación. Por ejemplo, documentos muestran que en 2026 la factura registrada fue de 11.213.000 pesos por captar más de 64.943.790 litros. A lo largo de una década, se calculó un pago total cercano a 34 millones de pesos, cifra que generó debate sobre la equidad en la explotación de recursos. Para dimensionar el consumo, esa cantidad de agua equivale a decenas de piscinas olímpicas y a cientos de millones de botellas de 600 ml en volumen embotellado.
La resolución de la CAR busca ajustar el uso del recurso a la disponibilidad real y a la prioridad del suministro humano. Aunque mantiene autorizaciones parciales para la embotelladora, impone límites y obligaciones que podrían cambiar la operación comercial si se comprueba que la extracción afecta a la comunidad o a la integridad de la cuenca. El balance entre actividad empresarial y protección ambiental seguirá siendo objeto de monitoreo y posibles revisiones.
