En la tarde del 9 de octubre de 2026, el Oliver Sánchez de 34 años, recibió un disparo mortal mientras se desplazaba por el sector de La Circunvalar, en la zona de Catatumbo, Norte de Santander. El ataque también dejó herido a Jesús David Toro Garay de 29 años, cuya condición se mantiene bajo observación médica. Las autoridades aún no han identificado a los responsables, y el caso ha generado una profunda consternación entre los colectivos que trabajaban junto a Sánchez.
El hilo de la violencia contra un líder social
Oliver Sánchez formaba parte de la Fundación Amor y Paz por el Catatumbo desde 2024, labor que implicaba acompañar a niños, adolescentes y adultos en situación de vulnerabilidad. Entre sus tareas estaban la atención en centros psiquiátricos y la organización de espacios de apoyo comunitario, dirigidos a personas en situación de calle y a quienes necesitaban cuidados de salud mental. Según declaraciones de Carmen García presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz Sánchez trabajaba codo a codo con su hijo dentro de la fundación, cuyo cuartel general se encuentra en Ocaña.
Reacción de las organizaciones y exigencia de justicia
Tras el homicidio, la presidenta García manifestó su dolor y preocupación: «Nos duele la muerte de nuestro líder». Además, subrayó que Sánchez nunca había reportado amenazas, lo que agrava la incertidumbre sobre los posibles móviles del crimen. La Asociación exigió a las autoridades que aceleren una investigación rigurosa, a fin de esclarecer los hechos y garantizar la protección de los dirigentes sociales que continúan trabajando en la zona.
Un panorama de amenazas a dirigentes en Norte de Santander
El caso de Sánchez se inserta en una ola de advertencias emitidas por al menos 50 organizaciones y plataformas de derechos humanos del departamento. En un comunicado conjunto se denuncian mensajes que acusan a líderes sociales de ser supuestos apoyos de grupos armados como las FARC y el ELN, catalogándolos como objetivos militares. Estas denuncias impulsaron a la Unidad Nacional de Protección a reforzar rutas de prevención y protección, especialmente para los integrantes de la Asociación por la Unidad del Catatumbo (Asuncat) la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Fundación Progresar.
El asesinato de Oliver Sánchez, junto a la herida de Jesús David Toro Garay, evidencia la delicada situación de los defensores de derechos humanos en la región del Catatumbo. Mientras se avanza en la investigación, la comunidad espera respuestas que permitan restablecer la confianza y garantizar que la labor social pueda continuar sin el temor permanente a represalias.
