El 30.04.2026 un juez del circuito de Cali emitió una decisión que encendió las alarmas entre prestadores y usuarios del servicio de aseo. La providencia —solicitada por Misión Ambiental S. A. E.S.P.— instruye a Emcali a incluir en la factura el cobro por este tercero para un total de 154.037 usuarios. La orden ha sido calificada por varios actores como una posible causa de doble facturación y, en consecuencia, de impacto económico directo en los hogares caleños.
Quienes prestan actualmente el servicio han pedido a autoridades locales y nacionales que actúen con rapidez para evitar perjuicios. En paralelo, la noticia llega en un contexto ya complejo: la posible devolución de Emsirva a la Alcaldía de Cali, anunciada desde el Congreso, plantea preguntas sobre deudas, contratos transferidos y la base de datos de usuarios que ha gestionado la intervención estatal por años.
Qué ordenó la decisión judicial y qué significa
La medida cautelar dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito obliga a que la facturación del servicio de aseo incorpore el cobro correspondiente a Misión Ambiental para los usuarios señalados. En términos prácticos, esto supone que en la factura mensual podría aparecer un rubro adicional distinto al que cobran los operadores vigentes; por eso las empresas hablan de riesgo de cobro duplicado. Es relevante subrayar que medida cautelar es un mecanismo procesal pensado para garantizar derechos mientras se resuelve el fondo del asunto, pero su aplicación en servicios públicos suele generar efectos operativos inmediatos y controversias sobre su alcance.
Reacción de los operadores y preocupaciones para los usuarios
Los prestadores actuales han rechazado la actuación y han manifestado que la recolección sigue desarrollándose con normalidad y con altos índices de aceptación ciudadana. Organizaciones como Promo Cali Valle y Promovalle S.A. E.S.P. insisten en que no ha habido abandono del servicio y citan que más del 90 % de los encuestados en la medición reciente de Cali Cómo Vamos se muestra satisfecho. Además, advierten que imponer un tercero en la factura sin consentimiento ni vínculo contractual previo vulnera el derecho fundamental de libre elección del prestador.
Posibles efectos económicos y operativos
El efecto más inmediato que temen los operadores y defensores de usuarios es el de pagos duplicados: que un hogar pague dos veces por el mismo servicio a diferentes actores. Además, señalan la ausencia de una vinculación operativa entre Misión Ambiental y los usuarios afectados, lo que a su juicio dificulta la legitimidad de la cobro. Por eso solicitan a la Alcaldía, a la Superservicios y a la interventora que clarifiquen el procedimiento y protejan la economía de las familias.
Derecho a la libre elección y transparencia
Más allá del impacto económico, los operadores subrayan que la medida podría conculcar el derecho constitucional a escoger al prestador de servicios públicos domiciliarios. Señalan que no se pueden cambiar de manera forzada los contratos ni imponer condiciones sin contratos de condiciones uniformes vigentes, lo que abriría un escenario de inseguridad jurídica para miles de usuarios. Por ello piden información clara y mecanismos que garanticen la transparencia del proceso.
El trasfondo: Emsirva, la intervención y la devolución anunciada
En paralelo a la controversia judicial, desde el Congreso se anunció que Emsirva E.S.P., la empresa pública de aseo que estuvo en liquidación y bajo la tutela de la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2005, sería devuelta a la Alcaldía de Cali. Este anuncio ha dejado preguntas sobre si las deudas, la titularidad de más de 850.000 usuarios y los contratos con operadores privados pasarían tal cual a la administración local. El alcalde Alejandro Eder ha pedido explicaciones sobre alcances y condiciones antes de aceptar cualquier transferencia.
Posición de la interventora y de congresistas
Adriana Betancourt, gerente interventora de Emsirva, ha dicho que hay voluntad de entregar la empresa, pero que los operadores deben devolver el catastro de usuarios en condiciones similares a las recibidas. Por su parte, el congresista Hernando González alertó sobre un posible detrimento patrimonial que, según su versión, podría ascender a cifras cercanas a un billón de pesos si no se regulariza la situación contractual y documental.
Mientras las autoridades, operadores y actores judiciales siguen moviendo piezas, el llamado general es a la prudencia y a la protección de los usuarios. Las instituciones competentes tienen la responsabilidad de aclarar los términos, evitar cobros indebidos y garantizar que la prestación del servicio no se vea afectada por decisiones que todavía generan más preguntas que respuestas.
