La noche del viernes 24 de abril el Valle del Cauca vivió nuevos episodios de violencia que volvieron a sacudir a la población. En Palmira se activó un carro bomba contra la sede del Batallón Agustín Codazzi y, en paralelo, en el sur de Cali se intentó un ataque con un bus de transporte escolar cargado con cilindros con explosivos destinado al Batallón Pichincha. Estos hechos, ocurridos el 24 de abril de 2026, elevaron la alerta en la región y obligaron a reforzar operativos de seguridad.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció ante los hechos y pidió al Gobierno central un apoyo sostenido y contundente. Ante la ciudadanía y las autoridades, la mandataria sostuvo que la situación evidencia una escalada de violencia y reclamó más fuerza pública, inteligencia y acciones coordinadas para enfrentar a las estructuras criminales que operan en el departamento. Además, anunció la convocatoria a un Consejo de Seguridad Extraordinario para el sábado 25 de abril, con presencia de toda la Fuerza Pública.
Detalles de los ataques y consecuencias
Según reportes oficiales, en Palmira un vehículo cargado con explosivos atacó la sede militar, mientras que en Cali delincuentes colocaron cilindros dentro de un bus escolar con el supuesto objetivo de afectar a personal militar. El atentado en la capital del Valle dejó al menos una mujer civil herida y generó conmoción en barrios aledaños. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables, en una estrategia que combina medidas reactivas y preventivas para reducir el riesgo frente a nuevos episodios.
Heridos, daños y recompensas
La víctima civil atendida tras la explosión recibió atención médica y las zonas afectadas permanecieron acordonadas mientras especialistas en desactivación de explosivos y personal forense realizan inspecciones. En paralelo, la oferta de 200 millones de pesos busca movilizar a la comunidad para obtener pistas sobre los autores. Las investigaciones preliminares apuntan a la acción de grupos al margen de la ley, lo que obliga a los organismos de seguridad a desplegar inteligencia para confirmar responsables y modos de operación.
Reacción institucional y exigencias de la gobernación
La voz de la gobernadora fue contundente: solicitó al Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, un respaldo inmediato y sostenido que vaya más allá de gestos simbólicos. En su mensaje público enfatizó la necesidad de decisiones firmes y no solo de discursos, reclamando que la protección de los vallecaucanos no dependa de esfuerzos aislados. La mandataria subrayó que la seguridad debe ser una responsabilidad compartida del Estado, con recursos, coordinación y operaciones claras contra las redes criminales.
Consejo de Seguridad extraordinario
Para articular la respuesta, la gobernación convocó a un Consejo de Seguridad Extraordinario para el sábado 25 de abril, donde estarán presentes mandos de la Policía, el Ejército y autoridades locales. En ese encuentro se prevé evaluar los hallazgos iniciales, ajustar el despliegue de fuerza pública, reforzar la inteligencia y definir rutas de cooperación con el Gobierno Nacional para desarticular las estructuras involucradas en los atentados.
Responsables señalados y perspectivas
Desde la gestión municipal y departamental han señalado posibles autores: disidencias de las Farc —mencionadas con el alias ‘Jaime Martínez’— o el ELN como responsables de alguno de los hechos. La gobernadora advirtió que no habrá concesiones ante el terrorismo y que las autoridades los perseguirán hasta lograr detenciones. Esta postura busca transmitir certeza a la población, aunque también pone en evidencia la magnitud del reto para restablecer la normalidad en la región.
Mientras los operativos continúan, la comunidad del Valle del Cauca permanece en alerta y las autoridades llaman a la colaboración ciudadana para aportar información que permita esclarecer los atentados. La región enfrenta así un momento crítico que, según la gobernación, no puede resolverse sin un apoyo decidido del Estado en todas sus instancias.
