El debate público en Colombia escaló después de que el presidente Gustavo Petro afirmara en la red social X que existen reportes de inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, y el candidato de la derecha Abelardo de la Espriella. Según Petro, en esos diálogos se habría acordado la devolución del contrato de pasaportes a cambio de ciertos algoritmos destinados a garantizar el triunfo de De la Espriella, un señalamiento que puso en el centro de la discusión el vínculo entre empresas proveedoras de servicios electorales y actores políticos.
La versión del mandatario fue seguida por la difusión de un documento que un usuario suele publicar como filtración de inteligencia: en él, el DNI confirmó haber recibido una denuncia anónima sobre posibles intentos de manipulación en software regional subcontratado que, mediante algoritmos, alteraría los conteos para favorecer a un candidato. No obstante, ese documento, tal y como circuló en redes, no aportó evidencia verificable que sostenga las imputaciones públicas de Petro.
Qué se acusa y qué elementos aparecen en la denuncia
El núcleo de la acusación es la supuesta negociación entre la empresa logística y un aspirante presidencial: la devolución del contrato de pasaportes —que hasta hace poco incluía la impresión de documentos— a Thomas Greg & Sons a cambio de mecanismos informáticos que inclinarían el resultado. La firma participa, según versiones públicas, en la logística del proceso electoral a través de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, lo que conecta la controversia con la organización técnica de la votación y despierta dudas sobre la separación entre proveedores y árbitros.
El papel de los hermanos Bautista
Los propietarios que aparecen señalados, conocidos como los hermanos Bautista, han sido descritos en informes previos como responsables de irregularidades en el pasado y como ex encargados de la impresión de pasaportes. Esa trayectoria, a la que medios y actores políticos aluden reiteradamente, alimenta la gravedad de la sospecha. Sin embargo, más allá de la narración política, la acusación exige pruebas concretas sobre las conversaciones y sobre la capacidad técnica real de los algoritmos para modificar resultados, una demostración que hasta ahora no ha sido presentada públicamente.
Reacciones políticas y respuestas legales
Ante las imputaciones, Abelardo de la Espriella negó conocer a los hermanos Bautista y retó a mostrar cualquier grabación que sustente las afirmaciones. Su equipo legal anunció que interpondrá denuncias penales y llevará el caso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, la campaña solicitó a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a otras instancias que investiguen tanto la supuesta persecución como la eventual filtración de inteligencia, lo que convierte la disputa en un conflicto que transita lo político y lo judicial.
Tensiones entre actores y acusaciones cruzadas
La confrontación escaló con dardos entre ambos bandos: por un lado, críticas del presidente hacia el procurador Gregorio Eljach por su postura respecto al contrato de pasaportes; por otro, denuncias de De la Espriella sobre campañas sucias y acusaciones de que el jefe de Estado favorece a rivales. También la senadora Paloma Valencia calificó como abuso de poder las declaraciones presidenciales. El intercambio de acusaciones intensifica la polarización y complica que la discusión se centre únicamente en la verificación de hechos.
Implicaciones para la campaña y la confianza en el proceso
Lo esencial para el desarrollo electoral es que las dudas sobre la cadena de custodia de datos y sobre la integridad del conteo se aclaren con rapidez y transparencia: la existencia de una denuncia anónima recibida por el DNI y su difusión pública obligan a que las autoridades competentes esclarezcan si hubo base técnica para las aseveraciones sobre algoritmos capaces de alterar resultados. Sin evidencia demostrada, las afirmaciones públicas pueden erosionar la confianza ciudadana y afectar la legitimidad del proceso, por lo que los pasos siguientes deberían priorizar investigación independiente y acceso a información verificable.
