El debate legislativo se encendió después de que el senador Óscar Cantón Zetina —miembro de Morena— denunciara que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia ‘Maru’ Campos, habría autorizado la intervención de agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio de metanfetamina. En su intervención, Cantón aseguró que ese supuesto acuerdo podría configurar el delito de traición tipificado en el Artículo 123 del código penal federal, y pidió al Senado actuar para esclarecer los hechos.
La noticia, que incluye el trágico fallecimiento de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de seguridad de Chihuahua en un accidente automovilístico la madrugada del 19 de abril, ha generado cuestionamientos sobre la cadena de mando, la comunicación entre órdenes estatales y federales, y las implicaciones para la soberanía nacional. La versión oficial señala que los agentes supuestamente vistieron uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua mientras colaboraban en el decomiso.
Acusaciones y fundamentos legales
Desde la tribuna, Cantón subrayó que la autorización de personal extranjero sin notificar al gobierno federal vulnera la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. En su lectura del caso, la conducta podría entrar en la definición de traición recogida en el Artículo 123, por lo que exigió investigaciones exhaustivas y sanciones políticas, administrativas o penales cuando proceda. Para el senador, la respuesta del Senado debe dejar claro que no se tolerarán actos que comprometan los poderes federales ni la integridad del país.
Detalles del supuesto operativo
Según las versiones difundidas, el operativo contra el laboratorio atribuido al Cártel de Sinaloa se habría desarrollado el fin de semana del 18 y 19 de abril. Se reportó que cuatro agentes de la CIA participaron junto a fuerzas estatales y federales; dos de los agentes y dos miembros de seguridad estatal murieron en un accidente vial el 19 de abril. Testimonios señalan que los agentes estadounidenses usaron indumentaria oficial de la entidad, lo que complica la investigación sobre responsabilidad y protocolos aplicables.
Respuesta de la gobernadora y acciones institucionales
La gobernadora Maru Campos rechazó comparecer ante las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública del Senado y, en una carta dirigida a la cámara, defendió su actuación bajo los principios de legalidad y transparencia. Campos informó sobre la creación de una Unidad Especializada para indagar el desmantelamiento del laboratorio conocido como «El Pinal» y señaló que ya se remitió información a la Fiscalía General de la República, que realiza sus propias diligencias.
Reacciones federales y diplomáticas
La Presidencia, encabezada por Claudia Sheinbaum, sostuvo que el gobierno federal no tenía conocimiento de la colaboración entre autoridades de Chihuahua y personal estadounidense, lo que constituiría una vulneración de la Ley de Seguridad Nacional. La administración federal envió una nota de protesta al embajador Ron Johnson y apuntó que el gobierno de Estados Unidos aseguró respetar los acuerdos de seguridad y la legislación mexicana. Mientras tanto, el fiscal estatal César Jáuregui presentó su renuncia en medio del escándalo y la investigación sigue abierta.
Polarización política y efectos en el Senado
Las críticas desde Morena incluyeron fuertes descalificaciones: la senadora Martha Lucía Mícher apodó a la mandataria como «Lady CIA«, y la presidenta de la comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, calificó la participación extranjera como una afrenta a la soberanía. Por su parte, legisladores del PAN defendieron a Campos. El senador Mario Humberto Vázquez Robles sostuvo que la convocatoria al Senado no ofrecía condiciones de equilibrio institucional, y la senadora Lily Téllez acusó a Morena de intentar linchar políticamente a la gobernadora, celebrando su decisión de no presentarse.
Implicaciones y próximos pasos
El caso plantea preguntas sobre los protocolos de cooperación internacional en materia de seguridad y sobre los límites entre el actuar estatal y la coordinación con gobiernos extranjeros. En el corto plazo, la Fiscalía General de la República y las comisiones del Senado deberán determinar responsabilidades, mientras las partes implicadas buscan preservar investigaciones en curso. El episodio, además, reaviva el debate sobre la protección de la soberanía y la rendición de cuentas en operaciones de seguridad complejas.
