Un video difundido nuevamente en medios coloca a Maru Campos en el centro de un debate sobre soberanía y competencia constitucional. En la grabación, la gobernadora aparece junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, mientras se formaliza lo que se describe como un memorándum de colaboración en materia de seguridad fronteriza. Ese acuerdo incluye la promesa de destinar más de 200 millones de dólares a tecnología y la utilización de drones para patrullar el Río Bravo, además de la implementación de la llamada Plataforma Centinela, un sistema de rastreo vehicular desde parques industriales hasta la frontera.
El documento volvió a ganar relevancia justo cuando la FGR entregó un citatorio: la mandataria deberá presentarse como testigo ante la Fiscalía el 27 de mayo en Ciudad Juárez para aportar información en una investigación vinculada a un operativo antidrogas en la Sierra de Chihuahua donde, según fuentes, hubo participación de agencias estadounidenses. La coincidencia entre la difusión del video y la citación federal intensifica las preguntas sobre la naturaleza de las reuniones bilaterales y sobre si los límites constitucionales para los gobiernos estatales fueron respetados.
Contenido del acuerdo y compromisos anunciados
En la grabación la gobernadora detalla compromisos expresos con la administración texana: aplicar en Ciudad Juárez un modelo de seguridad similar al que usó como alcaldesa, reubicar funciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en El Paso para priorizar la vigilancia fronteriza e invertir los más de 200 millones de dólares en equipamiento de alta tecnología. Abbott, por su parte, enfatiza que esos compromisos permitirían normalizar los cruces comerciales y eximir a camiones provenientes de Chihuahua de inspecciones exhaustivas que sí continuarían contra otros estados.
La Plataforma Centinela y los medios de vigilancia
Uno de los puntos más controvertidos leído en voz alta antes de la firma es la obligación de reforzar la seguridad «a lo largo del Río Bravo» mediante la Plataforma Centinela y el uso de drones para patrullaje. Esa combinación de geolocalización y vigilancia aérea plantea preguntas sobre competencias: el control migratorio, las inspecciones aduaneras y las labores de inteligencia operativa son atribuciones reservadas al gobierno federal, por lo que expertos señalan que la iniciativa estatal podría exceder sus facultades constitucionales.
Reacciones legales y políticas
Desde la esfera federal, la presidenta fue tajante al recordar que ningún estado puede suscribir acuerdos de seguridad con gobiernos extranjeros. La entrega de un piso en la llamada Torre Centinela para labores de observación del flujo de carga y la información que pudiera compartirse con autoridades de Estados unidos generaron alarma en funcionarios federales y en legisladores, incluyendo al senador Javier Corral, quien calificó las acciones como un posible entreguismo. Para la oposición, la coordinación a ese nivel habría implicado transferencia de datos sensibles sin la intervención del Estado mexicano.
Negaciones y aclaraciones de Campos
La gobernadora ha admitido la existencia de reuniones con personal de agencias estadounidenses en Ciudad Juárez, pero negó la participación de la CIA, y afirmó que los encuentros incluyeron representantes del Departamento de Estado, Homeland Security, FBI y DEA. Al mismo tiempo, sostuvo que las mesas de trabajo buscaban soluciones operativas para reducir cruces irregulares y combatir al crimen trasnacional, aunque sigue la controversia sobre el alcance legal de esas acciones.
Implicaciones y pasos siguientes
La FGR formalizó el citatorio que obliga a la gobernadora a acudir el 27 de mayo a la delegación en Ciudad Juárez. La comparecencia, prevista en calidad de testigo, busca esclarecer la posible participación de agencias extranjeras en operativos del país y verificar si hubo comunicaciones o acuerdos que vulneren la Constitución. Mientras tanto, el video firmado entre apretones de mano se convirtió en evidencia central para entender la magnitud de la coordinación bilateral y para que la justicia federal determine responsabilidades.
En el plano público, el caso ha encendido el debate sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos locales en materia de seguridad y cooperación internacional sin el aval del Estado. La combinación de recursos millonarios, tecnología como drones y plataformas de rastreo plantea un dilema entre la búsqueda de resultados inmediatos en la frontera y la estricta observancia de las competencias constitucionales que definen el papel del gobierno federal en migración, aduanas y seguridad.
