El 25 de marzo de 2026 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que califica la trata transatlántica de africanos como «el crimen más grave contra la humanidad«. La iniciativa, promovida por Ghana, recibió un respaldo mayoritario pero también objeciones notables: la votación terminó 123 a favor, 3 en contra y 52 abstenciones. Esa cifra reflejó una división internacional entre quienes reclaman un reconocimiento profundo de las consecuencias históricas y quienes advierten sobre las implicaciones legales y políticas de la medida.
El texto no sólo describió hechos pasados sino que instó a medidas de justicia restaurativa, incluyendo propuestas como disculpas oficiales, devolución de bienes culturales y, potencialmente, formas de compensación. En la discusión se empleó el término reparaciones para referirse a las acciones destinadas a reparar, en lo posible, los efectos intergeneracionales de la esclavitud y la discriminación estructural. La votación se produjo en una sesión especial dedicada a la memoria de las víctimas de la esclavitud y del tráfico transatlántico, lo que subrayó el peso simbólico del debate.
Resultados de la votación y actores principales
La resolución fue adoptada con aplausos tras sumar 123 votos a favor, mientras que sólo tres países dijeron no: Estados Unidos, Israel y Argentina. Además, hubo 52 abstenciones, entre ellas la del Reino Unido y varias naciones de la Unión Europea, como España y Portugal. La propuesta fue presentada por Ghana y respaldada por líderes africanos que han impulsado la cuestión de las reparaciones como parte de una agenda institucional para enfrentar las desigualdades heredadas.
Reacciones oficiales y argumentos contrapuestos
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la trata transatlántica vulneró la esencia de la dignidad humana y fomentó ideologías racistas para justificar la explotación. Por su parte, el presidente de Ghana, John Mahama, defendió la resolución como un paso hacia la verdad y la reparación, y sostuvo que reconocer la historia es condición para la sanación colectiva. En contraste, la delegación estadounidense calificó el texto de «problemático» y expresó que no reconoce un derecho legal automático a reparaciones por actos que, en su criterio, no eran ilícitos según el derecho internacional en el momento en que ocurrieron.
Postura de Ghana y pedido de reconocimiento
Desde la trinchera africana, el ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, y el presidente Mahama insistieron en que los responsables históricos son conocidos y que se deben asumir obligaciones simbólicas y materiales: disculpas formales, devolución de artefactos y medidas para combatir la persistencia del racismo y el neo-colonialismo. Ghana propuso que estas acciones formen parte de un proceso de memoria y de reparación que contribuya al desarrollo y a la justicia intergeneracional.
Reservas de Occidente y preocupaciones legales
La oposición al texto estuvo encabezada por Estados Unidos, que argumentó mediante su embajador que la resolución intentaba establecer una jerarquía entre crímenes de lesa humanidad y abrir un camino para reasignar recursos por agravios históricos, lo cual consideraron jurídicamente cuestionable. Representantes de Reino Unido y otros países europeos expresaron preocupaciones similares, señalando el riesgo de comparar tragedias históricas en términos que podrían afectar la memoria de las víctimas. El representante francés también advirtió sobre la peligrosidad de establecer comparaciones entre sufrimientos históricos.
Implicaciones prácticas y próximos pasos
Aunque la resolución tiene un carácter no vinculante, su aprobación alimenta un debate global sobre medidas concretas: disculpas, devolución de bienes culturales, programas de compensación y políticas públicas para enfrentar la discriminación estructural. El texto llamó a los Estados implicados a comprometerse con procesos de justicia restaurativa y a garantizar que la memoria histórica se preserve como herramienta de prevención. Organismos e instituciones culturales podrían verse implicados en la revisión de colecciones y en la devolución de objetos sustraídos.
Escenario político y diplomático
En el plano diplomático, la posición de Argentina fue leída como un reflejo de la política exterior del gobierno del presidente Javier Milei, que ha mostrado mayor afinidad con Washington e Israel y una postura crítica hacia ciertos mecanismos multilaterales. La controversia derivada de este voto no sólo retrata diferencias sobre el contenido del texto, sino que también revela cómo la memoria histórica y la geopolítica contemporánea se entrelazan en foros internacionales.
En definitiva, la adopción de la resolución marca un hito en la discusión pública internacional: mientras que muchos países lo celebran como un avance moral y político, otros plantean reservas legales y prácticas. El resultado dejó abierta la discusión sobre cómo materializar las propuestas de reparación y cómo equilibrar el reconocimiento simbólico con marcos jurídicos y políticos posibles en el siglo XXI.
