El reconocimiento tardío de la amnistía política El pasado martes, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil hizo un anuncio significativo: el periodista Vladimir Herzog fue oficialmente declarado anistiado político, 50 años después de su muerte durante la dictadura militar.
Este reconocimiento no solo marca un paso importante en la lucha por la verdad y la justicia, sino que también representa un acto de reparación para su viuda, Clarice Herzog, quien ahora recibirá una pensión mensual vitalicia de R$ 34.577,89.
Esta decisión es un reflejo de las largas batallas libradas por aquellos que buscan justicia en un período sombrío de la historia brasileña. La lucha de Clarice Herzog Clarice Herzog, con 83 años y enfrentando la enfermedad de Alzheimer en estado avanzado, ha sido una figura central en la búsqueda de justicia tras la muerte de su esposo.
La decisión del juez Anderson Santos da Silva, de la 2ª Vara Federal Civil del Distrito Federal, se basó en evidencias robustas de la persecución sufrida por Vladimir. El juez destacó la urgencia de la situación, considerando el estado de salud de Clarice, quien ha luchado por mantener viva la memoria y la dignidad de su marido.
La pensión concedida es una forma de reparación económica que reconoce no solo el dolor de la pérdida, sino también el sufrimiento continuo enfrentado por Clarice a lo largo de los años. La verdad sobre la muerte de Vladimir Herzog Vladimir Herzog fue convocado por el Ejército en 1975 para declarar sobre sus supuestas conexiones con el Partido Comunista Brasileño (PCB).
El 25 de octubre de ese año, fue llevado al DOI-Codi y nunca más fue visto con vida. La versión oficial en ese momento alegaba que había cometido suicidio, pero investigaciones posteriores revelaron la verdad: Herzog fue torturado y asesinado. En 2013, la Justicia de São Paulo rectificó la causa de muerte en el certificado de defunción, sustituyendo la alegación de suicidio por lesiones y malos tratos sufridos durante el interrogatorio. Este reconocimiento tardío es un paso crucial para la memoria histórica y la justicia en Brasil.
