En el marco del 50º aniversario del golpe de estado de March 24, 1976, la administración de Javier Milei publicó un video de 75 minutos que propone una revisión de la narrativa histórica dominante. El material, difundido a las 9am vía las cuentas oficiales de la Casa Rosada, busca instalar la idea de memoria completa como eje del recuerdo público y mezcla relatos personales con críticas a sectores políticos asociados a la defensa de derechos humanos.
El gobierno repite así una estrategia empleada en aniversarios anteriores: presentar testimonios que, según la administración, amplían el contexto temporal y moral de la violencia política que precedió y acompañó al proceso de 1976–1983. Las voces elegidas incluyen a familiares de víctimas y a descendientes de actores secuestrados por grupos armados, y el material fue divulgado pocas horas antes de la tradicional movilización ciudadana del Marcha 24.
Contenido y protagonistas del video
El audiovisual incorpora dos testimonios centrales. Por un lado, Mirian Fernández, hija de padres desaparecidos, describe su experiencia de ser sometida a pruebas de ADN y afirma que fue revictimizada por el Estado en el proceso de reconstrucción de su identidad. Su historia incluye la restauración de su identidad en 2017, un dato que el clip destaca como parte de la «reparación» tardía que muchos familiares han experimentado.
Por otro lado, aparece Arturo C. Larrabure, quien relata el secuestro de su padre, Argentino del Valle Larrabure, ocurrido el August 11, 1974. El testimonio repasa el cautiverio prolongado —se menciona que superó los 372 días— y la muerte del militar mientras estuvo en manos de la guerrilla Ejecito Revolucionario del Pueblo (ERP). El relato enfatiza la dureza del secuestro, lo califica como uno de los más largos de la historia argentina y pide reconciliación nacional.
Intencionalidad política y reinterpretación de la memoria
La etiqueta «memoria completa» funciona en el video como concepto político: se presenta como la búsqueda de una historia integral que no omita los atentados y la violencia perpetrada por organizaciones de izquierda en los años previos al golpe. El gobierno y sus aliados sostienen que la memoria oficial fue monopolizada por sectores vinculados al kirchnerismo y a políticas implementadas desde 2003, y critican lo que denominan, en ocasiones, un «negocio de los derechos humanos» o uso político de la memoria.
Ese enfoque contrasta con la postura de numerosas entidades de derechos humanos que enfatizan la responsabilidad estatal por la represión sistemática y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En la pieza oficial, la comparación entre las acciones de guerrillas y las del aparato represivo pretende situar ambos tipos de violencia en un mismo plano moral, una equivalencia que genera fuertes reparos en amplios sectores sociales y judiciales.
Críticas y cuestionamientos concretos
El gobierno también volvió a poner en cuestionamiento cifras ampliamente citadas por organizaciones de derechos humanos, como el número de 30.000 desaparecidos, y atacó políticas y gestiones ligadas al movimiento kirchnerista que, según funcionarios, habrían instrumentalizado la memoria desde 2003. Estas críticas se completan con llamados a revisar narrativas y a ampliar el registro de víctimas para incluir a quienes sufrieron violencia por parte de grupos armados.
Contexto social y judicial alrededor del recuerdo
La difusión del video se produjo horas antes de la marcha masiva en memoria de las víctimas de la dictadura, una movilización que cada Marcha 24 convoca a cientos de miles de personas en Buenos Aires y otras ciudades. Desde 2006, cuando la fecha fue establecida como feriado nacional, la conmemoración adquirió perfil público y ritualizado, en paralelo a procesos judiciales que continúan investigando y juzgando delitos de la época militar.
Procesos judiciales y memoria pública
Argentina mantiene uno de los procesos de justicia por violaciones a los derechos humanos más prolongados del mundo: juicios que han seguido abriéndose décadas después de los hechos, en muchos casos con condenas a exmiembros del régimen. Para defensores de derechos humanos, esa actividad judicial es inseparable de la memoria colectiva y de la garantía de no repetición; para sectores cercanos al gobierno actual, la discusión pasa por equilibrar relatos y reconocer otras víctimas.
En definitiva, el video oficial representa una intención clara de reconfigurar cómo se recuerda la historia reciente y de introducir la noción de memoria completa en el debate público. El choque entre versiones, testimonios y propósitos políticos seguirá marcando los próximos aniversarios y las discusiones ciudadanas sobre qué y cómo recordar.
