El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció el veto de una iniciativa que había sido aprobada por el Congreso del estado el 30 de abril. La reforma proponía establecer un procedimiento administrativo en el Registro Civil para permitir a las personas modificar su identidad de género en documentos oficiales; Kuri justificó su decisión invocando la protección de la infancia y la defensa de la estructura familiar.
La medida del mandatario, comunicada públicamente a finales de mayo, provocó una respuesta inmediata desde distintos sectores: grupos conservadores celebraron el veto, mientras que colectivos LGBT+ y legisladores de oposición lo calificaron de regresivo y señalaron que la reforma estaba dirigida a adultos.
Argumentos del gobierno y las voces afines
En sus declaraciones, Kuri afirmó que la norma provenía de lo que denominó “izquierda radical” y sostuvo que permitir cambios de sexo basados en la autopercepción pondría en riesgo los valores y la educación familiar en Querétaro. Desde esa perspectiva, el veto se presentó como una medida necesaria para proteger a niñas y niños, argumentando que la madurez emocional y biológica de menores no permite decisiones de este tipo.
Organizaciones pro-vida y sectores religiosos se manifestaron en apoyo del gobernador; el 16 de mayo hubo una marcha en la que, según reportes, asistieron también algunos funcionarios estatales. El líder estatal del PAN, Martín Arango García, respaldó la decisión y apuntó además a lo que llamó una omisión electoral en la redacción de la reforma: según él, el texto podría permitir que personas modificaran su género legal para disputar candidaturas reservadas a mujeres, por lo que advirtió riesgos en procesos electorales.
Críticas, contexto legislativo y recursos
En contraposición, responsables de la marcha del orgullo y organizaciones de derechos humanos calificaron el veto como una medida regresiva que aumenta la exclusión y la violencia institucional. Señalaron que negar el reconocimiento de la identidad de género no protege a nadie y pidieron argumentos públicos y verificables por parte del Ejecutivo para justificar la restricción de derechos constitucionales.
La diputada de Morena Andrea Tovar defendió la iniciativa aprobada, aclarando que el texto contemplaba el procedimiento para adultos y que la información difundida sobre inclusión de menores fue, en su opinión, errónea. Además explicó que la reforma había sido impulsada en conjunto con la Defensoría de los Derechos Humanos del estado y que, hasta la fecha, 24 estados de la República ya cuentan con instrumentos similares para el reconocimiento administrativo de la identidad de género.
Posibles vías legales
Frente al veto, las personas afectadas y colectivos tienen alternativas jurídicas: pueden interponer recursos como el amparo para impugnar decisiones o proteger derechos reconocidos por la Constitución. Al respecto, el presidente del PAN en Querétaro recordó que quienes deseen cambiar su acta de nacimiento también pueden optar por esa vía judicial.
Situación nacional y fallos relevantes
En el plano federal, la discusión sobre derechos LGBT+ ha tenido avances y retrocesos. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió recientemente que padres o tutores que sometan a menores a terapias de conversión pueden enfrentar prisión; esa sentencia respondió a una disposición del código penal de Guanajuato que sólo imponía multas y tratamientos psicológicos, norma que entró en vigor en diciembre y generó controversia.
Conclusión y perspectivas
El veto en Querétaro coloca al estado en el centro de un debate amplio sobre derechos civiles, protección infantil y agenda pública. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como salvaguarda de la familia y la infancia, organizaciones sociales y legisladores de oposición anuncian recursos y movilizaciones para restaurar lo aprobado en el Congreso. El choque deja claro que la discusión sobre la identidad de género seguirá siendo un tema clave en la política local y nacional.
