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En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Río Gallegos, un hombre prendió fuego el automóvil de un juez como respuesta violenta a un fallo en su contra en un caso de violencia intrafamiliar. Este acto no solo pone de manifiesto la creciente violencia en el ámbito judicial, sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad de quienes ejercen la justicia en el país.
El ataque y su contexto
El incidente ocurrió en la madrugada del viernes, cuando vecinos de la calle Mascarello alertaron a la policía sobre un vehículo en llamas. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un Renault Megane completamente incendiado, que resultó ser propiedad del juez Antonio Andrade, del Juzgado de Familia N°2.
La policía sospecha que se trató de un ataque intencional, dado el contexto de un fallo reciente que había afectado al agresor.
La situación se tornó aún más alarmante cuando se encontró una nota intimidatoria cerca del vehículo, en la que el agresor dejaba claro su descontento con el juez.
Este tipo de amenazas no son nuevas en el ámbito judicial, pero la violencia física llevada a cabo en este caso marca un nuevo nivel de agresión.
La respuesta de las autoridades
Tras el ataque, la División de Investigaciones (DDI) de la policía de Santa Cruz se hizo cargo del caso, recolectando evidencias y buscando esclarecer los motivos detrás de este acto violento.
Horas después, el sospechoso fue detenido, y la jueza de instrucción, Soledad Díaz Román, ordenó su evaluación médica y el secuestro de su motocicleta, lo que indica la gravedad de la situación.
Antonio Andrade, el juez afectado, calificó el hecho como “grave y peligroso”, y expresó su preocupación por la seguridad de todos los involucrados en el caso.
Andrade mencionó que el agresor parece tener problemas de salud mental, lo que añade una capa de complejidad a la situación. “Nunca se espera que se llegue a este punto con las decisiones”, reflexionó el juez, quien ha estado en el cargo durante años sin haber enfrentado un ataque de tal magnitud.
Implicaciones para la seguridad judicial
Este ataque no solo es un llamado de atención sobre la violencia que enfrentan los jueces en su labor diaria, sino que también plantea interrogantes sobre la protección que se les brinda. La comunidad judicial debe reflexionar sobre cómo garantizar la seguridad de quienes toman decisiones difíciles en casos de violencia intrafamiliar y otros delitos. La violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también crea un ambiente de miedo y desconfianza en el sistema judicial.
En un contexto donde la violencia de género y familiar sigue siendo un problema crítico en Argentina, es fundamental que se tomen medidas para proteger a los jueces y garantizar que puedan ejercer su labor sin temor a represalias. La sociedad debe unirse para condenar estos actos y trabajar hacia un sistema judicial más seguro y efectivo.
